El proyecto que el Gobierno tiene en mente para reducir las bolsas comerciales de plástico ya tiene su primera crítica desde un organismo oficial.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asegura que el borrador presentado por el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente "introduce distorsiones desproporcionadas" al fijar un precio mínimo obligatorio en las bolsas que las tiendas entregan a sus clientes.

La crítica se incluye en el documento de recomendaciones que Competencia ha elaborado sobre el Real Decreto de reducción del consumo de bolsas de plástico. Un texto redactado por el Ejecutivo para dar cumplimiento a la directiva comunitaria de 2015 que pide, precisamente, disminuir progresivamente el uso de estos envases para aliviar su impacto medioambiental.

El Gobierno fija un precio mínimo de 5 a 30 céntimos en función del espesor de la bolsa y su biodegradabilidad. El cobro sería obligatorio para todas las tiendas —y no voluntario como hasta ahora— con el fin de desincentivar su uso por parte de los consumidores. La idea del departamento dirigido por la ministra Isabel García Tejerina es comenzar a aplicarlo de forma generalizada desde el 1 de enero de 2018.

A la CNMC, sin embargo, no le gusta esta medida. "No es la más adecuada puesto que introduce distorsiones desproporcionadas", asegura en su informe.

La crítica principal del organismo regulador es que "el precio mínimo facilita que se beneficien en mayor medida las empresas distribuidoras que, de esta manera, se apropiarían directamente, con intervención pública, de una renta que no les corresponde".

Competencia explica que esa renta que no corresponde a las distribuidoras consiste en la diferencia entre el coste de la bolsa para el distribuidor y el precio de venta que luego ese comercio impone al consumidor. Es decir, que sacarían un beneficio "indebido" con la fijación de un precio mínimo más elevado. "Se produce una ventaja económica injustificada para el sector de la distribución", zanja la CNMC.

Además, incrementar el coste de la bolsa como simplemente pretende hacer el Gobierno, es una medida que según la CNMC podría suponer que la "efectividad a medio y largo plazo de la medida se viera reducida".

El organismo dirigido por José María Marín Quemada sugiere que el Gobierno debería optar mejor por implementar medidas fiscales. "Una figura impositiva internalizaría mejor el daño medioambiental", dice la CNMC. El impuesto se aplicaría como recargo a todos los consumidores en el ticket de compra —una medida que a nivel autonómico se aplica ya en Cantabria y Andalucía— y "permitiría a los contribuyentes beneficiarse de los ingresos obtenidos por el impuesto" creando un fondo medioambiental que mitigue los efectos negativos de las bolsas.

Otros países comunitarios como Reino Unido, Holanda o Irlanda introdujeron hace tiempo impuestos a las bolsas de plástico para reducir su uso. En el caso irlandés, se impuso en 2002 un tributo denominado Irish Plastic Bag Levy que se elevaba a 15 céntimos de euros y contribuyó a reducir a 40 bolsas por persona/año un consumo anual que antes se elevaba por encima de los 300 envases. En España el uso es de 144 bolsas anuales por ciudadano.

"La experiencia muestra que los países europeos que tomaron medidas fiscales redujeron mucho su consumo de bolsas en el corto plazo", explica Competencia, que destaca la postura favorable de la UNEP (el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) a fijar impuestos como la medida que logra la reducción "más drástica" en el consumo de bolsas.

La creación de un nuevo impuesto, sin embargo, no es del agrado de las grandes superficies. La patronal Anged, que engloba a distribuidores como El Corte Inglés, Media Markt, Ikea o Carrefour, se muestra "con carácter general" contrario a crear nuevas figuras impositivas. Y defiende que el uso de bolsas de plástico se ha reducido ya hasta un 86% de media, según han explicado a la agencia Europa Press.