El Congreso estudiará la primera ley integral contra la corrupción y de protección del denunciante

Registran la sede de Acuamed en Madrid
Registran la sede de Acuamed en Madrid
EFE
Registran la sede de Acuamed en Madrid

El Congreso de los Diputados estudiará la primera ley integral contra la corrupción y para la protección de los denunciantes después de que todos los partidos de la Cámara, a excepción de PNV y Compromís, anunciasen este martes su voto favorable a la iniciativa presentada por Ciudadanos, que se adelantó con su propuesta a los trabajos parlamentarios para luchar contra los delitos cometidos en la esfera pública.

La futura normativa, a la que también se ha adherido el PP, establece la supresión de los indultos por corrupción, la imposibilidad de que las personas imputadas formen parte de las listas electorales o la obligación de que los cargos públicos declaren cualquier incremento de su patrimonio personal.

También elimina el plazo máximo de investigación de seis meses (18 para las causas complejas) que el PP introdujo en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y responsabiliza a los partidos, los sindicatos y las organizaciones de la patronal empresarial de los perjuicios económicos causados por sus miembros.

Su avance más importante, sin embargo, es la protección frente a represalias que blindará a los funcionarios que denuncien posibles casos de corrupción. La salvaguarda de sus derechos quedará en manos de un órgano independiente que llevará por nombre Autoridad Independiente de Integridad Pública.

El proyecto recoge tanto las medidas que Ciudadanos acordó con el PSOE en el fallido pacto de investidura de Pedro Sánchez como las que los naranja firmaron con el PP para respaldar a Mariano Rajoy como nuevo presidente del Gobierno.

Además, incluye gran parte de las demandas de la Plataforma por la Honestidad, de la que forman parte, entre otros, trabajadores públicos como los denunciantes del 'caso Acuamed', la testigo del 'caso Gürtel' Ana Garrido o el exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército de Tierra en 2015 por señalar "abusos y corruptelas" en las Fuerzas Armadas.

Acusaciones de "oportunismo"

Albert Rivera recibió críticas casi unánimes por su "oportunismo", al llevar al Pleno una ley que se anticipa a las conclusiones de la Comisión para la Calidad Democrática, contra la Corrupción y por las Reformas Institucionales y Legales, creada con el consenso de toda la Cámara y que está presidida, precisamente, por Ciudadanos. "Sigan chupando cámara", denunció Pedro Yllanes (Podemos), que acusó a los naranja de entregar el Gobierno a un PP que "tiene en su ADN la corrupción".

"No es novedoso nada de lo que proponen. Vienen aquí a ponerse una medalla", le atacó la representante del PP Beatriz Escudero. "No se extrañen de que la gente se preocupe de la corrupción, porque ustedes llevan un ritmo de imputaciones y condenas que tela", había espetado antes a la bancada popular un Rivera que recordó la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a quien los de Génova se niegan a pedir su dimisión.

Contribución de expertos

La futura ley anticorrupción entra ahora en período de enmiendas y debate en comisión. El trámite podría alargarse durante meses. El socialista Pedro Múñoz solicitó, incluso, aplazarlo hasta que la Comisión de Calidad Democrática escuche a los expertos que los grupos han llamado a comparecer. Entre los elegidos figuran la asociación de profesionales contra el blanqueo de capitales Aseblac, la Comisión Nacional sobre Cuentas de Campaña y Financiación de Partidos Políticos de Francia o distintos especialistas españoles en Derecho Penal o Política Comparada.

Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias-Grupo Mixto), insistió en que la normativa tenga en cuenta la recomendaciones de Transparencia Internacional para mejorar el acceso de los ciudadanos a los datos y a la actividad de las instituciones públicas.

De aprobarse con su redacción actual, la ley contra la corrupción modificaría la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el Código Penal, la Ley del Ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley General Tributaria, la Ley de enjuiciamiento Criminal, la Ley de Transparencia, la regulación del indulto o la Ley de Bases de Régimen Local.

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