La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, FAPA Cantabria, ha mostrado su "preocupación" ante la "considerable reducción" que se está produciendo en las medidas de conciliación ofertadas por la Consejería para el periodo de descanso de febrero del nuevo calendario escolar.

La federación aclara que siempre ha defendido que éstas deben plantearse en función de la necesidad real de las familias, huyendo de peticiones de apertura generalizada de centros que no supondría sino un incremento del gasto que necesariamente saldría de alguna otra partida.

Sin embargo, cree que el hecho de que no se hayan cubierto las plazas ofertadas en anteriores periodos vacacionales "no puede ser tomada como una falta de necesidad que lleve a recortar estas sin antes realizar un estudio previo de las circunstancias por las que se

produce".

En su opinión, el hecho de que, lejos de ampliar los municipios a los que se llega, se haya eliminado la oferta en Torrelavega o reducido en Santander de cinco centros a uno, "no deja de ser un mal

intento de cubrir el expediente de cara a la opinión pública".

A juicio de FAPA, si la plazas ofertadas no se han cubierto en anteriores periodos viene en buena medida motivado por un horario "escaso" -la apertura a las 9 de la mañana convierte en "inservible" esta oferta para las familias que ya se ven obligadas a usar el servicio de madrugadores a lo largo del curso; y un precio "elevado" -un coste de 44 euros para sólo cuatro días "se hace inasequible para cualquier familia con dos o tres hijos y sueldos precarios".

En cuanto a la coordinación entre administraciones, la FAPA señala que en algunos municipios se han llegado a duplicar servicios en lugar de buscar una unificación eficaz, lo que hace pensar que "se intenta más ponerse una medalla de cara a la opinión pública que resolver un problema a las familias". Para la FAPA, "sin duda el caso más sangrante en este aspecto es el de Santander".

Asimismo, opina que "el poco interés mostrado", tanto por la Consejería de Educación como por el resto de las administraciones públicas, ha llevado a las familias a "buscar por su cuenta soluciones que, en muchos casos, no hacen sino pasar de un problema a otro". En este sentido, explica que "se dan situaciones en las que los niños tienen que andar de una casa a otra durante una semana o pequeños a los que a su familia no les queda otra salida que dejarles solos en casa".

Por todo ello, exigen que, "de una vez por todas", las administraciones públicas "tomen conciencia de un problema real que afecta a las familias y den los pasos necesarios en materia de conciliación y legislación laboral que lleven a resolverlo".

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

La FAPA ha vuelto a exigir a la Consejería de Educación que cumpla el acuerdo firmado en junio del año pasado, ante la implantación del nuevo calendario. Un acuerdo de cuatro puntos de los que "dos no se han cumplido, otro se cumplió mal en su primera parte y el cuarto

estamos a la espera de que llegue la fecha para comprobar que se cumpla".

La FAPA señala en un comunicado de prensa que si el motivo principal del cambio de calendario ha sido buscar un mejor descanso para el alumnado, como siempre se ha dicho, no se entiende por qué en

muchos casos estos han tenido "una importante carga de deberes para esos días o de exámenes para los días de vuelta". Por ello, exigen que ese descanso sea "real" y se eliminen para esos días tantos los deberes como la programación de exámenes a la vuelta.

Por otro lado, señala que la evaluación que las familias recibieron tras el primer periodo lectivo no estuvo unificada, ya

que algunos centros entregaron las típicas notas escolares cuantitativas, mientras que en otros han aportado informes de la evolución cualitativa del alumno.

Ante esta "disparidad", exige que se unifique el criterio utilizado, entregando las calificaciones cualitativas que se recogen en las instrucciones de inicio de curso.

La FAPA añade que otra de las ventajas que se planteó en relación a la implantación del nuevo calendario era la posibilidad de aplicar medidas correctoras en aquellos alumnos que lo requieran con

mayor antelación, al realizar la primera evaluación en octubre. A este respecto, solicita que se le informe sobre si desde la Consejería se ha hecho algún seguimiento sobre la aplicación de estas medidas en los distintos centros.