El objetivo de esta medida es dotar al Servicio de Intervención General de mayor seguridad jurídica en el ejercicio de su actividad, ha informado el Gobierno foral en una nota.
Las funciones de la nueva Sección de Control Jurídico son las de asesorar en materia jurídica a la Intervención General; recopilar y difundir las novedades jurídicas relacionadas con el servicio; estudiar y proponer la resolución de las discrepancias que surjan como consecuencia de la función interventora; elaborar informes y proponer normas e instrucciones precisas para mejorar el control interno y otros documentos que deban ser elaborados por la Intervención General; cualquier otra función relacionada con el control interno encomendada por el interventor o la interventora general.
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