El Supremo fija esta fianza como cuestión previa antes de tomar una decisión de fondo sobre la querella, es decir, antes de acordar si procede su admisión a trámite o su archivo.

En un auto fechado el 3 de enero y consultado por Europa Press, el Supremo señala que la legitimación procesal que habilita a la acusación particular para personarse y a intervenir plenamente en el proceso penal y en calidad de parte, "requiere una justificación suficiente y debida de su condición de perjudicado, agraviado u ofendido por los delitos imputados", algo que en este caso "en absoluto se ha acreditado", lo que lleva al alto tribunal a considerar a la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria como acusación popular.

La acción popular lleva consigo la prestación de una fianza que deberá ser "proporcionada y equitativa", de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso. El Supremo estima que una fianza que "satisface las exigencias legales y cumple con las previsiones moderadoras de su importe sería la de 3.000 euros".

En su querella, presentada el 1 de febrero, la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria denuncia que "todo" en el proceso que se ha llevado a cabo para la construcción del Centro Botín en Santander es "ilegal". Además solicita que, cautelarmente y mientras se tramita la querella, se proceda a paralizar las obras del Centro y no se permita el inicio de "ningún tipo de actividad" en el mismo.

A lo largo de las 80 páginas de la querella, la plataforma denuncia el incumplimiento "reiterado" de la ley "en todos los trámites" de esta actuación, por lo que pide que se investiguen los hechos y se condene a sus responsables en el caso de haber delito.

En concreto, pide que se investigue a todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín, es decir, Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O'Shea, además de a Jaime Botín Sainz de Sautuola.

Igualmente pide que se investigue a Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria y que también lo era cuando se inició la tramitación del Centro Botín; a Dolores Gorostiaga, como vicepresidenta entonces de Cantabria; e Íñigo de la Serna, que era alcalde de Santander y es hoy ministro de Fomento, lo que ha obligado a la plataforma a acudir al Supremo al ser aforado por su cargo actual.

También solicita que se investigue al expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.