La Mesa Técnica de Seguimiento del PGMOU se reúne para estudiar soluciones al auto de nulidad emitido por el TSJRM

  • CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)
Reunión de la Mesa Técnica de Seguimiento del PGMOU en Cartagena
Reunión de la Mesa Técnica de Seguimiento del PGMOU en Cartagena
JOSE ALBALADEJO ROS
Reunión de la Mesa Técnica de Seguimiento del PGMOU en Cartagena

La Mesa Técnica de Seguimiento del PGMOU de Cartagena se ha reunido este miércoles en el Palacio de Aguirre, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia anulase la revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) de 2012.

En la reunión han estado presentes, además de los técnicos de las administraciones local y regional designados, el alcalde, José López, la secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Yolanda Muñoz, y la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Encarna Molina.

El primer edil se ha mostrado dispuesto a "escuchar cuáles eran las propuestas de la Comunidad Autónoma" y "a avanzar de la mano de ellos". Asimismo, ha avanzado su determinación de seguir trabajando en el PGMOU "agotando de forma paralela y simultánea las tres vías de las que actualmente se dispone", como son el recurso judicial, el artículo 145.4 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia y empezar con la elaboración de un nuevo plan.

EVITAR EL BLOQUEO

En este aspecto, ha aseverado que su intención es "no parar, empezar ya con una revisión, con la tramitación de un nuevo plan", ya que según ha señalado "todo lo que hay fuera del casco histórico que estaba protegido, ahora mismo esta desprotegido, tanto edificaciones históricas como arbolado histórico protegido de alto porte", y ha añadido que "en el Valle de Escombreras no se puede desarrollar absolutamente nada" en este momento.

"Cuando hay empresas que quieren instalarse y cuando depende la creación de empleo y la generación de riqueza en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de ese polo energético, quedarnos ocho o diez años sin que nadie pueda acercarse es algo que no cabe en la cabeza", reivindicaba López, que abogaba también por evitar que se paralice la expansión de la ciudad.

Por otra parte, el alcalde ha indicado que "cabe todavía interponer recurso", y ha adelantado que lo va a proponer, dado que considera que "es algo que en pocos meses puede salir". Igualmente se ha mostrado dispuesto "incluso" a "ir al Supremo", si fuera necesario.

"Plantear el recurso es algo que debemos hacer, porque hay juristas de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento y de la Universidad de Murcia que entendían lo contrario al auto", manifestaba. Al mismo tiempo, ha afirmado alegrarse de "que a la misma conclusión que han llegado los técnicos del Ayuntamiento sea la que dicen desde la Comunidad Autónoma".

Asimismo, ha indicado que otra de las vías es aprovechar la oportunidad que brinda la Ley del Suelo de la Región de Murcia "para no caer en ese limbo jurídico" que ocasione un alto coste de recursos a los cartageneros y cause "daños y perjuicios" a los empresarios. Con este fin, a favor de los postulados del Ejecutivo municipal "actúa el artículo 145.4 para no paralizar la ciudad ni la protección de los edificios", según López.

SEGUIR TRABAJANDO

"No vamos a abandonar ninguna vía porque lo que no vamos a hacer es demorar más en el tiempo", explicaba el primer edil. "Lo que hemos estado trabajando durante estos ocho meses ha sido con absoluta responsabilidad, hemos invertido ocho meses en trabajar en algo que desde las diferentes administraciones y desde la Universidad de Murcia pensaban, y siguen pensando, que es subsanable y que se puede hacer", ha dicho.

Sin embargo, ha mostrado total respeto hacia la resolución. "Los jueces interpretan las leyes y los ciudadanos y los políticos las cumplimos, y en eso estamos", ha concluido.

Según las mismas fuentes, la secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Yolanda Muñoz, ha comentado, por su parte, que el objetivo de su asistencia consistía en "proponer medidas concretas para dar una solución de forma inmediata a los problemas y necesidades que tienen los cartageneros y cartageneras con respecto a la planificación de su municipio".

Asimismo, ha remarcado que "el Gobierno regional está al lado de los cartageneros y cartageneras, está al lado del Ayuntamiento de Cartagena y pretende proponer alguna medida que solvente, resuelva y permita continuar con el crecimiento económico de la ciudad de Cartagena y con el bienestar de los ciudadanos".

"Acatamos, como no puede ser de otra manera, la resolución judicial que declara la nulidad y nos vuelve al plan de 1987, pero como es un planeamiento desfasado que no se adapta a la realidad socioeconómica que presenta la ciudad de Cartagena hay que proponer esa medida", ha explicado.

Su intención es la de "preparar al final un documento transitorio para el suelo urbano consolidado, aquello que está desarrollado o a punto de desarrollarse, que puede recogerse en este documento y aplicando esta medida que se recoge en la Ley del Suelo aprobada en el año 2015".

Se trataría, según ha aclarado, de un documento transitorio que recogería y ampararía la propia Ley del Suelo y que "debe recoger lo más inmediato para dar solución a los propietarios de suelo, de viviendas, aquél que quiere reformar, rehabilitar, poner un negocio pequeño, mediano o grande, cualquier actividad económica que pueda ampararse en esa medida transitoria".

No obstante, ha recordado que "tiene que estar muy justificado tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Comunidad Autónoma y que finalmente se debería aprobar por Consejo de Gobierno". Esta medida tendría vigencia asta que se apruebe el nuevo PGMOU, que tiene que empezar desde cero, tal y como ha confirmado Muñoz.

Sin embargo, la representante de la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha lanzado un mensaje de tranquilidad al asegurar que "hay mucho trabajado" y que la tarea que ahora corresponde en la creación de este plan consiste en "recoger prácticamente el mismo espíritu" del PGMOU anterior, ya que, según argüía, el motivo de su invalidación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia se debe a "una nulidad formal".

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