Cientos de familias madrileñas vulnerables están abocadas a tener que abandonar sus casas en los próximos meses. La empresa que gestiona sus pisos, Encasa Cibeles, no está dispuesta a renovar los contratos de alquiler que en su día fueron subrogados tras la venta de 2.935 viviendas sociales que el antiguo Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (ahora Agencia de Vivienda Social) realizó en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, su sociedad matriz.

¿La razón? Los afectados señalan dos. Por un lado, en los próximos meses finaliza la protección oficial que tenían esos inmuebles, por lo que ya podrían ser vendidos a un precio mayor en el mercado libre. Por otra parte, el proceso de venta de esos pisos se encuentra en fase de instrucción en el juzgado número 48 de Madrid. En verano se cumplirán tres años del inicio de la instrucción y si llegado ese momento las viviendas estuviesen vacías (es decir: que no hubiese adjudicatarios legales) se deberá decretar el sobreseimiento del caso.

Se trata de pisos ubicados principalmente en el Ensanche de Vallecas que la Comunidad de Madrid concedió en régimen de alquiler a familias con escasos recursos económicos que no pueden permitirse acceder al mercado libre de alquiler, que en la zona ronda los 600 euros al mes por un piso no mayor de 50 metros cuadrados. La cuantía de este alquiler social oscila entre los 50 y los 300 euros, dependiendo de los ingresos familiares.

Las primeras cartas de Encasa Cibeles ya les han llegado a varios de los 47 vecinos del número 81 de la avenida del Ensache de Vallecas, que aseguran tener constancia de más notificaciones en otras promociones de la empresa. Habría entre 350 y 500 familias en esta situación, según cálculos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Desde Encasa Cibeles precisan que en los últimos meses han enviado 15 notificaciones de Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento (VPPA) informando que ha llegado la finalización del contrato de arrendamiento. «Este tipo de notificaciones de finalización de contrato, son normales en cualquier relación entre casero e inquilino. En estos casos, es necesario realizar un nuevo contrato», indica un portavoz de la empresa.

«A todos los inquilinos se les ha ofrecido la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros para buscar alternativas y suscribir nuevos contratos», añade. Sin embargo, este diario ha tenido acceso a un mail en el que la empresa deja claro que no tienen previsto negociar con las familias mencionadas anteriormente. Los afectados han convocado este sábado (12.00 h.) una protesta ante la sede de la Consejería de Justicia.

«La gente está muy angustiada. Algunos vecinos no pueden dormir, tienen miedo, sufren ataques de ansiedad...». Habla José Manuel Rojas, camarero de 56 años en paro que se ha convertido en el portavoz de cientos de familias. «La situación es desesperante, no sabemos qué hacer. Hay familias con niños pequeños que no tienen recursos para buscar otra casa», denuncia Rojas, que asegura que «siempre hemos pagado y no tenemos deuda». «Quieren que nos vayamos de nuestras viviendas para especular», sospecha. Y avisa que darán batalla: «La inmensa mayoría tenemos previsto resistir».