Imputación y dimisión de un cargo público: distinta velocidad según el lugar... y el partido

  • La imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, centra el debate de en qué momento procesal debe dimitir un cargo público investigado.
  • En Madrid, la imputación del entonces diputado Daniel Ortiz hizo que Ciudadanos pidiera su renuncia, pero Ortiz dimitió antes.
  • Tanto en Castilla y León como en La Rioja, los pactos entre PP y Ciudadanos obligan a dimitir si el cargo es "imputado formalmente" por corrupción política.
  • La citación como investigado del consejero andaluz de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, por un caso anterior, hizo que Ciudadanos no pidiera la dimisión al no ser corrupción política.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Pedro Antonio Sánchez (PP), Daniel Ortiz (PP), Antonio Ramírez de Arellano (PSOE) y José Torres Hurtado (PP).
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Pedro Antonio Sánchez (PP), Daniel Ortiz (PP), Antonio Ramírez de Arellano (PSOE) y José Torres Hurtado (PP).
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De izquierda a derecha y de arriba abajo: Pedro Antonio Sánchez (PP), Daniel Ortiz (PP), Antonio Ramírez de Arellano (PSOE) y José Torres Hurtado (PP).

Abandonar el cargo público tras imputación por corrupción es una secuencia que ningún partido político, en ningún lugar de España, pone en duda, pero el momento procesal para decidir la dimisión o para exigirla es una cuestión que varía de intensidad y velocidad según donde esté el afectado... Y el partido.

En el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se vuelca ahora mismo el peso del debate.

Acudirá el 6 de marzo a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región al estar investigado por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental o malversación de caudales públicos durante la tramitación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, ciudad de la que entonces era alcalde.

La citación ha provocado un encendido debate político, jurídico y hasta semántico, que se enredará aún más si se despliega el actual mapa político de las comunidades autónomas, dividido casi a partes iguales entre los colores azul (PP) y rojo (PSOE).

Los populares perdieron en las elecciones de mayo de 2015 la mayor cuota de poder territorial que haya tenido nunca un solo partido.

Gobernaba en 13 autonomías, pero tras los comicios solo pudo retener Madrid, Murcia, Castilla y León y La Rioja, y ni siquiera con su mayoría absoluta tradicional, sino con acuerdos de investidura con Ciudadanos. Y en esos acuerdos, en todos, se habla de imputaciones y dimisiones.

Madrid

Así, el PP dirige la Comunidad de Madrid de la mano de Cristina Cifuentes gracias a un pacto con el partido "naranja" en el que se establecía "la separación inmediata del cargo" de quien fuera "imputado formalmente" por corrupción política.

Pocos meses después de llegar Cifuentes al poder, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptaba investigar al entonces diputado Daniel Ortiz, pero no fijó día para su declaración.

El líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dijo que pediría la renuncia en cuanto le pusieran un día en la agenda, pero antes de que eso ocurriera, Ortiz dimitió.

Castilla y León

Juan Vicente Herrera sigue de presidente en Castilla y León porque cerró un pacto con Ciudadanos, y en ese pacto también se aboga por la "separación inmediata" del cargo de la persona que sea "imputada formalmente" por "corrupción política".

Por si fuera poco, el año pasado, Castilla y León aprobó la Ley del Estatuto de Altos Cargos para dejar claro que el cese sería el desenlace en caso de confirmarse en sentencia firme delitos contra la administración, o bien en caso de abrirse juicio oral o incluso de recibir sanción por infracción "administrativa".

Antes de que la norma viera la luz, pero después de firmado el pacto, varios altos cargos de la Consejería de Economía fueron imputados por supuestas irregularidades en la compra de un edificio público. Ciudadanos no exigió dimisiones al entender que aquellos hechos sucedieron antes de desatascar la investidura.

La Rioja

El pacto entre estos dos partidos que propició la Presidencia de José Ignacio Ceniceros en La Rioja repite casi las mismas palabras para obligar a la renuncia de los cargos "imputados formalmente" por "corrupción política". No ha habido "pruebas de algodón" por el momento.

Andalucía

Aunque cambian los protagonistas, Susana Díaz preside la Junta de Andalucía como consecuencia del acuerdo de investidura entre PSOE y Ciudadanos. Como en los pactos con el PP, el andaluz igualmente fija la imputación formal por "corrupción política" como desencadenante de dimisiones.

El acuerdo se puso a prueba con la citación como investigado del consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, por un caso ocurrido durante su anterior etapa de vicerrector universitario, lo que Ciudadanos no replicó con la petición de dimisión porque, afirmaron sus dirigentes, no había corrupción política en los hechos.

Granada, en este contexto, puede ser paradigma. El candidato que ganó las elecciones de mayo de 2015, José Torres Hurtado, del PP, dimitió de la Alcaldía cinco días después de ser imputado por una trama de corrupción urbanística, pero Ciudadanos terminó apoyando al socialista Francisco Cuenca, previa moción de censura.

Cuenca es hoy alcalde, pero en diciembre le citaron a declarar por irregularidades en contrataciones de su etapa de delegado de la Junta, lo que ha llevado al partido "naranja" a asegurar que si a pesar de haber dado explicaciones ante el juez, sigue imputado, le pedirá que se vaya.

Murcia

Vayamos a Murcia. Sánchez gobierna también por un acuerdo con Ciudadanos, que dice, también, que un cargo se irá en cuanto sea "imputado por corrupción política".

Aquí hay un matiz, pues no se habla de quedar "imputado formalmente", como en otros acuerdos, sino de quedar "imputado", sin más.

Además, la Ley de Transparencia de la Región señala que si un dirigente público es "imputado", o su "figura equivalente", se entenderá que no podrá permanecer en el puesto.

Sánchez y su entorno estiman que en su citación del 6 de marzo ni hay imputación formal ni por detrás existe "corrupción política", por lo que no es momento de dimitir.

Ciudadanos arguye lo contrario y públicamente ha mostrado su preferencia por la dimisión, pues, con el acuerdo de investidura en la mano, el presidente murciano está "imputado" en un caso de "corrupción política".

¿Qué hará Sánchez? ¿Qué terminará haciendo Ciudadanos? Si se compara este caso con otros parecidos, en otros lugares, no surge respuesta. El debate continúa.

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