El Tribunal Supremo tomará una decisión esta semana —comienza a deliberar este martes— sobre el posible traslado de los restos del dictador Francisco Franco y el fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera con el fin de que el Valle de los Caídos se convierta en un espacio dedicado a las víctimas de la Guerra Civil.

"Recurrimos a la vía del contencioso-administrativo por la vulneración clara de la Constitución y de la actual Ley de Memoria Histórica que supone el mantenimiento del Valle de los Caídos tal y como está en la actualidad", ha explicado el exjuez y abogado Baltasar Garzón en la Ser, uno de los autores de la demanda junto a Manuel Ollé y Eduardo Ranz.

En concreto, piden un nuevo marco jurídico para el Valle y la institución que lo dirige, y también una dotación económica para exhumar e identificar a las víctimas que se encuentran allí, de la que se haría cargo el Estado.

Los abogados solicitan asimismo que se anulen los decretos de 1940 y 1957 que establecieron la creación de la Basílica y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En su opinión, insisten, contradicen el "espíritu de la Constitución".

Plantean asimismo la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, "para que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral".

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Sala se ha reunido a las 10 horas para la deliberación y fallo de la demanda, si bien es posible que los magistrados esperen unos días para dar a conocer el sentido del mismo.

Esta resolución coincide en el tiempo con la iniciativa socialista presentada en el Congreso para que los restos de Franco sean exhumados. Es una proposición no de ley sobre la Memoria Histórica con una veintena de medidas; según el PSOE, la actual composición de la Cámara permite articular una mayoría que fuerce al Gobierno a dar ese paso.

La Fundación Nacional Francisco Franco aseguró que "dará la batalla" en los tribunales si se exhuman los restos del dictador porque "los actuantes podrán ser acusados de cometer un delito de profanación de cadáver fijado en el artículo 525 del Código Penal".