La lentitud de la justicia, la obtención de nacionalidad, los cortes de luz, las listas de espera en la sanidad, la contaminación y la seguridad están entre los asuntos que más preocuparon a los españoles en 2016, según el informe anual del Defensor del Pueblo presentado este martes por Soledad Becerril en el Congreso de los Diputados.

Un total de 16.485 quejas llegaron a la institución el pasado año, un 7,5% menos que en 2015, el mayor número sobre función y empleo públicos (3.440); por el contrario, crecieron en un 67% las actuaciones de oficio del Defensor, hasta alcanzar los 872 expedientes, y en un 17,8% los toques de atención (recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales) a las administraciones (1.771).

Del total de quejas ciudadanas, el 37,4% fueron rechazadas, buena parte porque no había "indicios de irregularidad". De las admitidas (8.906), solo el 29,6% llegaron al final ("expedientes concluidos").

El año pasado fue especial: a pesar de que el Defensor no hizo ningún parón, los diez meses con un Gobierno en funciones no permitieron poner en marcha muchas de sus recomendaciones o actuaciones "pese a haber sido aceptadas". Incluso, relata, se decidió esperar hasta noviembre para plantear la creación de juzgados porque el Ejecutivo le transmitió que no podría "siquiera considerarlo".

El Defensor del Pueblo atendió en 2016 a 554.788 personas a través de sus diferentes canales de atención al ciudadano y, por primera vez, realizó encuestas y consultas sobre temas de interés en los que han participado 23.000 personas.

Las autonomías que presentaron un mayor número de quejas fueron Madrid (5.216), Andalucía (2.165), Cataluña (1.425) y la Comunidad Valenciana (1.375). En el extremo opuesto, con un menor número de quejas, se situaron La Rioja (100), Navarra (156), Cantabria (196) y Baleares (282), además de las ciudades autónomas de Ceuta (43) y Melilla (83).

Por otro lado, el informe indica que las administraciones que entorpecieron el año pasado su labor son: la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, las comunidades de Madrid y Canarias y una treintena de ayuntamientos. De hecho, ha dado traslado a la Fiscalía General del Estado las actuaciones de 11 de ellos.

Estos son algunos de los temas tratados en el informe:

En 2016 se recibieron 1.694 quejas relacionadas con esta área. El Defensor tilda de "especialmente preocupantes" las demoras en la jurisdicción social —la celebración de una vista puede tardar dos años en Madrid y tres en Sevilla— y en los procesos civiles de familia, debido al colapso "de los equipos psicosociales o los puntos de encuentro".

En uno de los casos, en Valdemoro (Madrid), el informe sobre las visitas entre un menor y el progenitor "no custodio" acumuló 19 meses de retraso. Los ciudadanos se quejan de la falta de personal y medios. El documento destaca el atasco en  los juzgados de lo Mercantil números 1 y 2 de Málaga; los Juzgados de lo Social número 10 de Madrid y el 11 de Sevilla; y todos los de Estepona (Málaga).

También advierte del negocio para las mafias o bandas organizadas de la "okupación" de viviendas y lamenta el largo procedimiento judicial que sufren sus legítimos propietarios.

Los registros civiles también tienen problemas y eso afecta, entre otras cosas, a los procesos de adquisición de la nacionalidad por residencia: en 2016 seguían pendientes de inscripción nacionalidades "concedidas en 2013". Si se plantea un recurso, son dos años más de espera.

Las quejas por motivos económicos ascendieron a 1.507. El informe recuerda que en 2014 el Defensor recomendó a la Secretaría de Estado de Energía modificar los requisitos de concesión del bono social eléctrico, en función de la renta, y que en 2016 ha seguido recibiendo quejas. Aún espera respuesta.

Asimismo, el Defensor considera que "pocas" cláusulas suelo cumplen con los niveles de transparencia para no ser declaradas abusivas. Muchas entidades, añade, no informan de los cambios en las condiciones de los contratos de las tarjetas de crédito. El informe ha alertado sobre los prestamistas y los créditos rápidos y exige soluciones para los afectados por promociones de viviendas no construidas.

El año pasado hubo 656 quejas de presos y 69 actuaciones de oficio por parte del Defensor. A la institución le preocupa la falta de medios —pide más plantilla para los centros—, la videovigilancia —"No resulta admisible que continúe pendiente de regulación»—  y la salud de los internos. El tratamiento de enfermos de Hepatitis C, dice, ha creado "tensión" entre la Administración penitenciaria y las comunidades, pero las 857 personas que tienen prescrito el medicamento "lo reciben".

Las llamadas efectuadas al 016 no quedan reflejadas en la factura telefónica, pero sí quedan grabadas en los registros de los terminales fijos o móviles desde los que se establece la comunicación, alerta el Defensor del Pueblo, que considera esto un riesgo para la víctima.

Son "el principal motivo de queja" en el terreno sanitario. El informe cita casos en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, el Hospital Universitario de Canarias y el Complejo Hospitalario de Albacete, entre otros. El calendario de vacunación infantil también suscitó protestas, en concreto los problemas en Andalucía y Castilla-La Mancha con la vacuna del neumococo.

Y las dificultades del copago farmacéutico, como la del hombre «con un trastorno mental, divorciado y que tenía que hacer frente al pago de alimentos para sus hijos» con 280 euros al mes, por lo que no podía pagar su medicación.

El Defensor destaca el incremento de quejas en 2016 relativas a los centros de estancia e internamiento de extranjeros y recuerda a las autoridades españolas que "las devoluciones expeditivas de personas rescatadas del mar no respetan la normativa en materia de asilo".

Realiza 26 recomendaciones para mejorar el sistema de acogida e integración de los refugiados en España, entre ellas, la de que se conceda a los menores la misma protección internacional que al padre que les acompaña, al detectar casos en los que se ha denegado a los niños el asilo con el argumento de que necesitaban la autorización del progenitor ausente.

EL mayor porcentaje de quejas relativas al régimen electoral tuvieron que ver con el llamado voto rogado. El Defensor, que afirma que "no es de recibo" que solo votara un 6,3% de residentes en el extranjero por motivos ajenos a su voluntad,  ha formulado una recomendación al Gobierno con el fin de "agilizar el voto por correo desde el extranjero", que ha sido aceptada.

Las situaciones de necesidad y exclusión social siguen siendo los motivos de queja más numerosos, con un 29,71%, aunque descienden esas denuncias respecto a las presentadas en 2015. También han bajado las referidas a menores y familia, especialmente las de familias numerosas, aunque se mantienen las reclamaciones por retrasos en la dependencia.

Se actuó de oficio el pasado año ante 47 universidades públicas y ante Educación al comprobar que solo seis centros reservaban el porcentaje exigido para el acceso de estudiantes afectados de discapacidad a todos los niveles, a grados, máster y doctorados. Ha recomendado a 62 ayuntamientos de más de 100.000 habitantes que refuercen los comedores escolares en verano para las familias con menores en situación de vulnerabilidad.