Las principales quejas de los madrileños

• Función y empleo público (1.702). La Defensora del Pueblo recomienda a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reactivar el reconocimiento de la carrera profesional (un complemento salarial destinado a retribuir el grado o nivel alcanzado) a los profesionales sanitarios de la región, suspendido por la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Un total de 1.057 profesionales sanitarios se quejaron de esta situación.
  
  
• Justicia (374). Las llamadas de atención a la justicia madrileña se vuelven a centrar en los retrasos, especialmente preocupantes en los procesos de familia, la falta de medios personales y el deficiente estado de algunas infraestructuras. El informe destaca los hasta dos años de retraso que existen en la región en algunos juzgados de lo social para la celebración de la vista oral. 
  
  
• Servicios Públicos (372). Soledad Becerril llama la atención sobre la negativa de la Comunidad de Madrid a que convivan de forma simultánea la nueva tarjeta sin contacto para el transporte público y la tarjeta azul, que expide el Ayuntamiento de Madrid a personas con discapacidad. 
  
  
• Asuntos de Interior (348). La Defensora del Pueblo pidió a la Delegación del Gobierno en Madrid información sobre las actuaciones previstas para prevenir y erradicar las agresiones homófobas. En 2016 se registraron en total 240 incidentes homófobos, entre los que destacan 59 agresiones físicas, según el Observatorio contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia de Arcópoli. También inició una actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Madrid por las numerosas quejas que llegaron de vecinos del centro por la imposición de multas de circulación. La implantación de la nueva APR de Ópera y la homologación de la normativa entre esta y las áreas de limitación del tráfico ya existentes (Letras, Cortes y Embajadores) provocó un caos administrativo que acabó con la expedición de miles de multas por error a comerciantes, vecinos y residentes, afectando a unas 3.000 personas, según cálculos municipales. Posteriomente las sanciones fueron anuladas. Destacan además las reclamaciones por las okupaciones de vivienda, un asunto que ya abordó en el informe anterior y que afecta a numerosas zonas de la región.
  
  
• Actividad económica (249). La actual regulación de los alquileres de vivienda para alojamientos turísticos ha seguido siendo objeto de quejas el año pasado, como ya lo fue en 2015, por parte de los propietarios afectados. La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, anunció recientemente que el Gobierno regional está trabajando en una modificación de la normativa. La oposición considera que la actual regulación está favoreciendo la masificación turística del centro de la capital, el incremento el precio de los alquileres y la llegada de fondos de inversión especuladores.
  
  
• Política social (229). El documento de la institución fiscalizadora destaca el elevado número de asuntos tramitados a la Consejería de Políticas Sociales y Familia. El organismo ha solicitado información sobre los menores extranjeros que abandonaron el centro de acogida de Hortaleza y se fueron a vivir a un parque cercano alegando malos tratos. Otras cuestiones sobre las que hace recomendaciones son la mejora en la gestión del Programa Individual de Atención (PIA), que determina el grado y la prestación económica de las personas dependientes, y la falta de recursos en el servicio de ayuda a domicilio y,en algún caso, también en el de teleasistencia.
  
  
• Impuestos (222). Han sido recurrentes las quejas por la realización de procedimientos de regularización catastral que han llevado a cabo numerosos ayuntamientos de la región, entre ellos el de la capital. Estas actuaciones han permitido aflorar inmuebles omitidos o bien han servido para actualizar los valores de propiedades como consecuencia de mejoras o ampliaciones que no habían sido comunicadas. La actualización de estos inmuebles supone un incremento en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los ayuntamientos.
  
  
• Educación (206). La Defensora subraya de nuevo en su informe las quejas de los padres por la insuficiencia de plazas en determinados barrios de la capital, sobre todo en los más recientes, en los que se instalan familias jóvenes con hijos de corta edad. En concreto, los protenitores han hecho notar que las demandas de plazas en el segundo ciclo de Educación Infantil (de tres a seis años) en barrios como Las Tablas y Valdebebas no siempre son atentidas por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Otras reclamaciones se han centrado en la falta de institutos en Las Tablas y la reducción del número de unidades en segundo ciclo de Educación infantil en determinados centros docentes como en el CEIP Eugenio Mª. de Hostos de la capital.
• Sanidad (145). Las listas de espera siguen siendo motivo de queja para los madrileños.En septiembre de 2016, la lista de espera para operarse en la Comunidad de Madrid alcanzó su cifra más alta desde que cambiaron los criterios de contabilidad en enero. Había 83.432 pacientes madrileños esperando para ser intervenidos, 4.873 más (+6,2%) que el mes anterior, cuando se registraron 78.559 personas, según las estadísticas mensuales que ofrece la Consejería de Sanidad.
  
  
• Vivienda (140). Soledad Becerril llama la atención sobre la concesión de vivienda pública de alquiler a familias okupas que ha realizado tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital. El informe ve positivo ayudar a colectivos desfavorecidos, siempre que cumplan una serie de requisitos, pero precisa que esta decisión perjudica a las personas que están en lista de espera y han cumplido con los trámites necesarios. "Dichos solicitantes podrían interpretar que la Administración ampara el ejercicio de comportamientos y actos irregulares", dice el documento.
  
  
• Urbanismo (132). La institución fiscalizadora recomienda al Ayuntamiento de Madrid la realización de un plan de actuación en el Frontón Beti-Jai, declarado en 2011 Bien de Interés Cultural (BIC), debido al estado de deterioro en el que se encuentra.
  
  
• Medio Ambiente (120). Las sugerencias formuladas en el año 2015 sobre contaminación acústica al Ayuntamiento de Madrid han tenido que ser reiteradas en 2016 porque no existe una coordinación adecuada entre la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades y el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad frente a los locales que generan molestias a los vecinos, sobre todo en zonas del centro de la capital como la Latina.