La Audiencia de Granada acoge desde este lunes el juicio contra el padre Román M. V. C., el único acusado en el conocido como caso Romanones por presuntos abusos sexuales continuados sobre un menor entre los años 2004 y 2007. Un caso de especial trascendencia después de que el papa Francisco se hiciera eco del mismo, pidiera perdón y asegurara que "la verdad es la verdad y no debe esconderse". Estas son las claves del caso y del proceso judicial que ha puesto en jaque a la Iglesia de Granada.

¿Quiénes son los Romanones?

Un grupo de religiosos de Granada supuestamente liderado por el acusado, cuyo epicentro estaba situado en la parroquia San Juan María Vianney, en el barrio del Zaidín, y en diferentes viviendas de la provincia, donde presuntamente se llevaron a cabo los abusos. Al parecer, se trataba de un grupo con un alto nivel económico que funcionaba, según declaró la víctima, como una "fraternidad", con vínculos muy fuertes entre ellos. Los vecinos de del Zaidín cercanos a la parroquia aseguraban a 20minutos que era un grupo muy activo que hacían "barbacoas en el patio con los jóvenes y la gente del barrio". La Audiencia de Granada, en cambio, determinó que este grupo no suponía una "asociación de carácter sectario" o de tipo ilícito, tal y como denunciaba la Red de Prevención el Sectarismo y Abuso de la Debilidad (Redune).

¿Quién destapó el caso?

Lo hizo Daniel (nombre ficticio de la presunta víctima), que denunció haber sido víctima de abusos sexuales por parte del padre Román y del llamado club de los Romanones desde los 14 hasta los 17 años (entre 2004 y 2007). El caso se hizo público en noviembre de 2014 después de que Daniel enviara una carta al Vaticano denunciando los hechos y el papa Francisco le respondiera, pidiéndole perdón y ofreciéndole su apoyo. El pontífice, además, hizo unas declaraciones públicas en las que aseguró que "la verdad es la verdad y no debe esconderse".

¿Hay más víctimas?

Solo ha denunciado una persona, aunque el mismo Daniel relató en su carta enviada al Vaticano que a un amigo suyo le pasó "lo mismo". Asimismo, desde la Subdelegación del Gobierno afirmaron que había "indicios razonables" de la existencia de más víctimas.

¿Por qué hay solo un acusado?

Al inicio de la causa llegó a haber un total de doce investigados (antiguos imputados), diez sacerdotes y dos laicos, entre ellos un profesor de Religión. Sin embargo, el juez determinó que los delitos imputados de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento atribuidos a once de los señalados habían prescrito, al haber pasado más de tres años (plazo establecido en el Código Penal para la prescripción de estos delitos) desde que la víctima cumplió la mayoría de edad, en 2008, y hasta el inicio del proceso, en 2014. De esta forma, el magistrado estableció que el proceso continuara solo para el padre Román, considerado el líder del clan y ahora único acusado, en cuyo caso el plazo de prescripción para los delitos que se le imputan es de diez años.

¿A qué penas se enfrenta el padre Román?

La Fiscalía pide para él nueve años de prisión, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 100 metros y de comunicarse con él durante diez años y una indemnización de 50.000 euros. La acusación particular ejercida por la presunta víctima pide 26 años de prisión y la misma indemnización. Y la acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, solicita 15 años de cárcel y 75.000 euros de indemnización. La defensa pide la libre absolución del acusado.

¿Cómo se desarrollará el juicio?

El proceso, que ha comenzado este lunes, se prolongará durante nueve sesiones hasta el próximo 21 de marzo. Declararán 40 testigos y 14 peritos. La primera declaración ha sido la del acusado, mientras que el miércoles lo hará la supuesta víctima y el viernes, en calidad de testigo, el arzobispo de Granada, Javier Martínez.

¿Qué ha hecho la Iglesia al respecto?

Existe una investigación paralela llevada a cabo por la Iglesia, que ha abierto un expediente canónigo que, además, ha sido aceptado en el juicio como prueba, pese a que la defensa del padre Román pidió su anulación. En dicho informe se determina que existe "apariencia delictiva" en los hechos denunciados, motivo por el que el arzobispo de Granada retiró a tres de los implicados del ejercicio del ministerio sacerdotal. Otros, en cambio, han seguido dando misa en sus parroquias. Según el derecho canónigo, los delitos de abusos sobre menores de edad prescriben a los 20 años, que empiezan a contar desde el momento en el que la víctima cumple los 18. De esta forma, ninguno de los delitos imputados a los doce iniciales acusados habría prescrito todavía. Días después de que el caso saliera a la luz pública, el arzobispo protagonizó durante una misa una puesta en escena para "pedir perdón por los escándalos", permaneciendo tumbado en el suelo junto a otros curas durante unos veinte minutos. El juzgado de Granada que instruyó el caso declaró la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado.