Los abogados de los números uno y dos de la trama Gürtel, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo, han hecho saber que se sienten discriminados por tener que entrar en prisión mientras otros condenados en otras causas como el ex duque de Palma Iñaki Urdangarin no se han impuesto medidas cautelares algunas.

Pérez, condenado a 12 años y tres meses de prisión por amañar los contratos del stand institucional de la Comunidad Valenciana en la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, lleva en prisión desde el pasado 14 de febrero cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ordenó su ingreso inmediato con el fin de evitar el riesgo de fuga.

En el escrito dirigido al TSJCV, al que ha tenido acceso Europa Press, Vasallo destaca que Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de cárcel por el "archiconocido" caso Nóos, no ha ingresado en prisión a la espera de que el Tribunal Supremo haga firme dicha sentencia, pese a que el fiscal Anticorrupción solicitase libertad bajo fianza de 200.000 euros y la mitad para el otro principal condenado en la causa, Diego Torres, penado a ocho años y medio.

"La fiscalía Anticorrupción toma medidas dispares para casos ciertamente parecidos y no atiende a la punidad de los hechos cometidos, si no a la visibilidad de los sujetos que los realizan", destaca Vasallo.

En la misma línea ha actuado la defensa de Pablo Crespo. Considera que su condena de 13 años de cárcel es desproporcionada teniendo en cuenta que en el caso Noós o en el de las tarjetas black, los sentenciados no tendrán que cumplir su pena hasta que ala condena sea firme.

En este caso el abogado de Crespo, Miguel Durán, señala la "enorme desigualdad de trato" que supone la medida decretada contra Crespo si se compara con la libertad que dictó la Audiencia de Palma respecto a Urdangarin y Torres.

No obstante, añade, este caso "no constituye una decisión aislada" y recuerda que Miguel Blesa y Rodrigo Rato, condenados a 6 y 4 años por las tarjetas black, tampoco han ingresado en la cárcel, lo que "vuelve a poner en evidencia que el caso del señor Crespo no tiene justificación, ni amparo legal alguno".

Además, en el caso de las black, al igual que ocurre con Crespo, ambos tienen otras causas penales abiertas y pendientes de juicio. "Sin embargo, a dichas personas la Administración de Justicia les ha dado un trato distinto, ajustado a Derecho, que se le ha negado al señor Crespo", dice sobre la decisión la semana pasada de la Audiencia Nacional de dejarlos en libertad tras su condena en espera de que sea firme.