Andalucía aprueba un plan para reducir el tiempo de espera en la dependencia, pero sin concretar

La Ley de Dependencia establece seis meses como máximo desde que se pide la ayuda hasta que se recibe.
La Ley de Dependencia establece seis meses como máximo desde que se pide la ayuda hasta que se recibe.
EUROPA PRESS/JCCM
La Ley de Dependencia establece seis meses como máximo desde que se pide la ayuda hasta que se recibe.

La Junta de Andalucía aprobó este martes en su reunión semanal del Consejo de Gobierno un plan de choque para minimizar los efectos de la burocracia en lo que a la dependencia se refiere. El Ejecutivo de Susana Díaz invertirá 25 millones de euros en 2017 en un paquete de medidas cuyo principal objetivo no es otro que cumplir  con aquello a lo que ya obliga la ley, que establece un tiempo máximo de seis meses desde que una persona solicita una ayuda de dependencia hasta que la recibe.

Actualmente, el tiempo medio que tarda un ciudadano en pasar por todo el proceso en Andalucía es de unos nueve meses, según reconoció la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que calificó como "tortuoso" el camino que tiene que recorrer el expediente desde su apertura.

Este se inicia en los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos, donde se solicita la ayuda de la dependencia; de ahí pasa a la Junta para, posteriormente, concertar una cita entre el futuro beneficiario y los valoradores, que tienen que determinar el grado de dependencia. Su dictamen vuelve a los consistorios, que elaboran un Plan Individual de Atención (PIA)_que, de nuevo, regresa a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que es finalmente la encargada de conceder la ayuda.

El plan aprobado ayer persigue "agilizar" este itinerario, si bien la propia consejera admitió que, de momento, no han decidido cómo hacerlo. "Lo estamos viendo ahora", señaló Sánchez Rubio.

La responsable del ramo también explicó que existirán dos vías de entrada al sistema. Una será la "normal, dentro del parámetro que establece la ley"; y la otra pensada para aquellos dependientes que estén en una situación de mayor necesidad y urgencia, con el fin de que los tiempos de espera en estos últimos casos se acorten aún más.

La culpa del atasco, de los "recortes" de Rajoy

La Administración autonómica prevé que con este plan de choque puedan sumarse este año al sistema 76.400 nuevos dependientes, lo que permitiría que, a finales de 2017, haya algo más de 234.000 beneficiarios en la comunidad. Unas cifras que, sin duda, servirían para paliar la actual situación de atasco que viven los que esperan tanto a ser valorados como a recibir la ayuda que ya les ha concedido la Junta, aunque no la solventaría del todo.

Y es que, según el último informe del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Ministerio de Sanidad, en la comunidad andaluza había a 31 de diciembre del pasado año un total de 102.691 personas ya dictaminadas y con derecho a una prestación, pero esperando aún a recibir esa ayuda aprobada.

La Junta volvió a culpar del atasco a los "recortes" del Gobierno central, que por ley se comprometió a financiar el 50% de la dependencia, pero solo abona el 22%, según el Ejecutivo andaluz, que asegura financiar el 78% de la inversión total asociada a esta prestación.

Esto ha provocado que la Junta haya dejado de percibir desde el año 2012 un total de 508 millones de euros del Gobierno de Mariano Rajoy, dinero con el que "más de 105.000 personas podrían haber entrado al sistema" y con el que se podrían haber creado más de 20.000 nuevos puestos de trabajo, que se sumarían a los 45.500 que hay actualmente en Andalucía en materia de dependencia.

El plan aprobado define también los supuestos de excepcionalidad en el acceso a la ayuda económica para el cuidado en el entorno familiar. Se incorporan los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que viven con la familia; y las que tengan necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio es insuficiente.

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