PSOE, Ciudadanos y Podemos han registrado este miércoles una iniciativa para la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP, que podría estar definitivamente aprobada en dos semanas.

En la exposición de motivos, se defiende que la investigación parlamentaria de la financiación del PP resulta "imprescindible" para eliminar "cualquier sombra de duda" sobre el correcto funcionamiento de las instituciones de España más allá de la actuación de los jueces.

"No se debe esperar que los jueces resuelvan aquello que corresponde a las instancias políticas. La depuración y asunción de responsabilidades en este ámbito, si las hubiere, debe ser emprendida de manera inmediata y enérgica para evitar el deterioro de las instituciones", alerta.

A su juicio, la creación de esta comisión de investigación responde a un objetivo político, no judicial, ante el "escándalo social y mediático" que generan los casos de corrupción del PP y que provocan la sensación de que existe una "grave inacción política y una inoperante lentitud judicial".

La comisión estará compuesta por cinco miembros del PP, cuatro del PSOE, otros cuatro de Unidos Podemos, tres de Cs, uno del PNV, otro de ERC y dos del grupo mixto.

Los tres partidos se comprometen a que los trabajos de la comisión y sus conclusiones se hagan en seis meses desde la constitución de este órgano, según figura en el documento consensuado, mientras que en el plan de trabajo se señala que los grupos podrán pedir la documentación necesaria a los órganos jurisdiccionales para poder hacer su investigación.

"Hemos unido nuestras fuerzas a Ciudadanos y Podemos demostrando que el PP ya no tiene mayoría", ha dicho Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE, en una comparecencia con los medios en el Congreso.

Hernando ha señalado que los tres partidos han solicitado al Congreso que reclame "toda la documentación conveniente". "Vamos a llegar hasta el fondo", ha señalado.

Tras Hernando, ha comparecido la portavoz de Podemos, Irene Montero, que ha puntualizado que con esta comisión buscan "unir todas las piezas del puzzle para poner fin a la ley del silencio de la trama".

En su turno ante la prensa, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha señalado que el pacto de su partido con el PP, que hasta ahora estaba "funcionando", ha comenzado a fallar "de repente, al aparecer la palabra corrupción".

"El PP ha lanzado la idea de que eso no interesa, que habría que investigar a otros. No, mire, había un acuerdo", ha señalado. "España conocerá las responsabilidades políticas derivadas del caso Bárcenas".

Por la mañana, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, había puntualizado que ésta es la comisión que el PP se comprometió a poner en marcha en el pacto de investidura, y que ahora el Gobierno "quiere incumplir". La regeneración democrática, ha dicho, "no tiene obstáculos en un Parlamento nuevo aunque a algunos les gustaría frenarla". Rivera cree que ya hay "188 escaños" dispuestos a negociar esta comisión, que confía en que arranque "cuanto antes". A juicio del presidente de Ciudadanos, el pacto con el PP avanza en algunas medidas, pero "se atasca" cuando se llega a las medidas contra la corrupción.

C's es consciente de que con sus 32 escaños no puede, por aritmética, forzar al PP a nada, pero el PSOE tenía registrada desde agosto una petición de comisión de investigación sobre Gürtel y el caso Bárcenas, que está pendiente de debate en el Pleno del Congreso. Y sobre esa base han trabajado conjuntamente las tres formaciones, perfilándola y completándola hasta estampar sus firmas en ella. Juntos estos tres partidos suman la mayoría absoluta del Congreso (188 escaños de 350).

El asunto ahora es que, aunque se apruebe, hay otras dos comisiones de investigación por delante, una sobre las prácticas del Ministerio de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, que se constituirá este jueves, y otra sobre la crisis financiera y el rescate a la banca, que previsiblemente no se constituya hasta después de semana santa. No es habitual que haya más de una comisión en marcha, pero en cualquier caso, para los grupos minoritarios como el PNV es inasumible que haya más de dos a la vez, ya que no tienen diputados suficientes para participar en ellas. El PP tiene además fuerza para abrirla en el Senado, y aunque nada impide que haya una investigación en cada cámara sobre el mismo asunto, la de la Cámara Alta llevaría la delantera al no tener ninguna por delante.

La formación naranja no acepta la posibilidad de que sea en el Senado y no en el Congreso donde se abra una comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP, como ha sugerido este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que ve "ridículo" o una "broma de mal gusto", según palabras del propio Rivera. En una conversación informal con periodistas en el Congreso, el líder de C's ha opinado que el PP "se siente acorralado" y por eso plantea ahora esa posibilidad y "pone excusas de mal pagador".

Ha sido durante la sesión de control, mientras el jefe del Gobierno respondía a Rivera sobre esta cuestión, cuando ha dado a entender que la comisión que piden podría ponerse en marcha en la Cámara Alta. "La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular se va a poner en funcionamiento en el Congreso con o sin el PP", han reiterado fuentes de la Ejecutiva de Cs. “Vamos a estudiar la caja B de su partido –le ha advertido en todo caso Rivera-. ¿Y sabe por qué? Porque tiene usted pleno al 15. Cuatro de los tesoreros están imputados, y van a venir a la comisión de investigación.

Pero no solo lo ha sugerido Rajoy, sino que es una opción que la dirección del PP "pone encima de la mesa" y que, según ellos,  respetaría el acuerdo firmado ya que en el pacto no se especifica en qué Cámara debe hacerse. Textualmente, el documento firmado habla de la "creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP".

Esta condición es una de las seis exigencias preliminares que firmaron el PP y Ciudadanos antes de negociar la investidura de Mariano Rajoy. Las otras son la expulsión inmediata de cualquier cargo público imputado por corrupción, eliminar aforamientos, limitar los mandatos del presidente del Gobierno, aprobar una nueva ley electoral y suprimir los indultos por corrupción política. Solo en estas dos últimas se han dado pasos.

Rivera, que ha empezando su intervención acusando al PP de "no tener palabra", lleva varios días exigiendo al Ejecutivo que cumpla con una de las condiciones del pacto de investidura, que obliga a poner en marcha una comisión específica sobre la "caja B" del PP. "Si miramos demasiado hacia el pasado puede pasar como a la mujer de Lot. ¿Se acuerda usted? Quedó convertida en estatua de sal", ha respondido Rajoy.

Por otro lado, el encuentro entre Ciudadanos y PSOE en Murcia, que ha durado algo más de dos horas, ha concluido con un ultimátum al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez. A su salida el portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, ha señalado que el PP tiene dos opciones, "cambiar de candidato o convocar elecciones", de lo contrario, "desde la oposición" se intentará "una moción de censura". "Con el PSOE hay una sintonía", ha señalado Miguel Sánchez, que ha reconocido que han "hablado sin tapujos de la moción de censura", que se presentaría el mismo 27 de marzo "para dar voz a los murcianos".