El cambio de comercializadora de luz y gas sin que el cliente lo haya consentido —una práctica denunciada en múltiples ocasiones y que suele realizarse en visitas domiciliarias 'a puerta fría' — ha terminado recibiendo una multa por el organismo que cuida de la competencia en España.

La CNMC ha anunciado este jueves que sancionará a las grandes empresas energéticas españolas —Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo— por "formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes". La multa asciende a 155.000 euros repartidos así: Endesa deberá pagar 100.000 euros por cinco multas de 20.000 euros, a Iberdrola se le multa con 30.000, a Gas Natural con 10.000 y a Viesgo con 15.000 euros.

La multa tiene su origen en las protestas de siete usuarios que denunciaron en oficinas de Consumo y en la propia Comisión que se les había cambiado de suministrador sin su permiso. "Acreditamos que no han respetado los requisitos de contratación y que no contaron con el consentimiento de los clientes", argumenta Competencia sobre una normativa legal que obliga a contar con el consentimiento en la firma del contrato.

En uno de los expedientes relatados por la CNMC —en concreto el que ha dado origen a la sanción de Iberdrola— se relata cómo una consumidora afectada recibió una visita a domicilio en la que se produjo este "alta sin consentimiento de los servicios de gas y electricidad". Fue su hija quien denunció las irregularidades al servicio de consumo de su localidad.

El agente que supuestamente acudió a su casa, dice el expediente, no pertenecía a Iberdrola sino a una entidad colaboradora que presta servicios comerciales. Allí habría firmado el contrato con su madre y después habría realziado una llamada para confirmar el alta. Iberdrola, tras la petición de información de la CNMC, comprobó que la llamada se hizo... pero la voz que verificó el contrato no era la de la titular del servicio.

"Se suplantó la personalidad de la consumidora de forma fraudulenta", dice el informe del organismo que dirige José María Marín Quemada. No solo eso. La propia Iberdrola, tras investigar el alta del contrato a requerimiento de Competencia, comprobó que la "burda simulación" de la entidad colaboradora incluyó la falsificación de la firma.

Iberdrola se disculpó ante a la usuaria, anuló las facturas y anuló los servicios contratados. Pero alegó ante la CNMC que "no era responsable de los hechos"  porque a ellos solo les había llegado un contrato cumplimentado y firmado correctamente.

Competencia no acepta ese argumento y, de ahí, su sanción. "La verificación de la contratación es una exigencia que ni desparece ni se atenúa (más bien al contrario) porque medie un tercero en la captación de clientes. Es el comercializador, como titular del contrato, el que debe comprobar la identidad y consentimiento del usuario", dice.

Desde Facua se muestran indignados con la explicaciónn de la empresa. "Usan al pobre trabajador que colabora en este negocio fraudulento y encima tienen la desfachatez de echarle la culpa", explica a 20minutos Rubén Sánchez, portavoz de esta organización de usuarios que en 2016 remitió a la CNMC un informe con 270 denuncias que están siendo investigadas y en fase de recopilación de información con las compañías implicadas.

"Las ocho sanciones de hoy nos parecen correctas pero, ¿quién no ha recibido la visita de un agente para contarle este cuento?", se pregunta Sánchez. "Esto puede derivar en una sanción por fraude masivo. Las subcontratas intentan que el usuario pague más por la luz al pasarles de la tarifa regulada al mercado libre, que es más caro. Los agentes cobran a comisión. O venden, o no cobran. Y para vender, tienen que mentir. Blanco y en botella".

La CNMC confirma que no hay "fair play" en la contratación. "El agente quiere captar clientes y no tiene escrúpulos para hacerlo. A veces toman nota del DNI en una factura y eso ya les vale para cerrar la contratación", explican a este medio fuentes del organismo, que recuerda que cuatro de cada 10 clientes no sabe qué tarifa tiene contratada.

OCU también pide "desterrar" estas prácticas comerciales y "prohibirlas hasta que no se garantice un control por parte de las compañías", según su portavoz Ileana Izverniceanu. La organización apunta a que poca transparencia en el sector genera confusión por no saber disntinguir entre las comercializadoras —la empresa que vende el gas y la luz al cliente final— y las distribuidoras. En los cuatro casos de hoy, se compartía la matriz.

Competencia publicó en 2015 una guía de recomendaciones para contratar estos suministros. Y entre ellas está "evitar captar clientes mediante venta domiciliaria, contratar por teléfono con consumidores vulnerables y personas mayores, identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión".

Las cuatro compañías podrán recurrir en el plazo de dos meses ante la Audiencia Nacional por esta multa que, por su carácter de infracción leve, no supera los 60.000 euros. En todo caso no han sido las primeras en ser multadas por este asunto. La CNMC ya multó en 2015 a Galp por estos casos de contratación irregular.