Grau pagó 350.000 euros de la campaña municipal de Barberá en 2007 con billetes de 500

El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
EUROPA PRESS
El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

Alfonso Grau, el que fuera mano derecha y hombre de confianza de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, pagó 350.000 euros en billetes de 500 para sufragar la campaña municipal de su jefa en los comicios de 2007.

Así se desprende de las actuaciones contenidas en el sumario del caso Taula después de que el juez instructor haya levantado el secreto de sumario que había sobre la misma.

Según las declaraciones de diferentes testigos e implicados, ahora desclasificadas, fue el asesor de Grau, que era vicealcalde de Valencia en las fechas del conocido como pitufeo (la presunta financiación irregular del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia), Jesús Gordillo, el que confesó ante la Gaurdia Civil cómo se había fraguado el pago de la campaña electoral de la exalcaldesa en el año 2007.

Gordillo contó, cuando la causa aún estaba bajo secreto sumarial, que Grau había pagado 350.000 euros (en billetes de 500 euros) para abonar los gastos electorales y que ese dinero había salido de la caja B del PP valenciano. De hecho, el pago se hizo en metálico. Es más, fue el propio Gordillo el que se hizo cargo de liquidar las deudas pendientes con el dinero facilitado por su jefe, Alfonso Grau. El pago final se hizo ya en 2008.

El contenido de las declaraciones se conoce el mismo día en el que otro juez, Eloy Velasco (Audiencia Nacional) ha tomado declaración al exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez. en la causa (aún secreta) que investiga otra caja B, pero en esta ocasión entre los populares madrileños.

Además de exasesor del vicealcalde de Valencia, Gordillo, trabajaba también en la empresa encargada de organizar la campaña electoral de Rita Barberá ese año. Al parecer, tras los comicios, muchas de las subcontratas que colaboraron en esos trabajo, aún no habían cobrado y llamaban directamente a Gordillo para saber cuándo el PP completaría los pagos.

Al parecer fue después cuando Grau, directamente, liquidó a Gordillo en mano los 350.000 euros con el que saldar las cuentas pendientes tanto a la empresa organizadora como a las diferentes subcontratas.

Gordillo explicó además al juez y a los agentes que el cuñado y exabogado de Rita Barberá, José María Corbín (que ahora defiende a Mari Carmen Fuster) estaba también al tanto, ya que trabajaba como abogado para la empresa organizadora de la campaña electoral, Laterne.

¿De dónde venía el dinero?

La gran pregunta tras levantarse el secreto sumarial es de dónde procedían los billetes de 500 euros con los que el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau pagó en negro la campaña electoral.

Según la instrucción del caso Taula y del pitufeo, todos los ediles y asesores populares fueron conminados a donar legalmente 1.000 euros al partido. Luego se les devolvían en negro mediante billetes de 500. Lo cierto es que ni sumando las aportaciones de todos ellos se alcanza una cantidad similar (350.000 euros).

En su declaración como testigo, Gordillo dejó entrever que ese dinero procedía también de donaciones que diferentes empresario valencianos realizaban al partido a cambio de que les fuera adjudicada obra pública. Algo que habría ocurrido durante los más de 20 años que Rita Barberá estuvo al frente de la Alcaldía.

Por este motivo, y tras levantarse el secreto de sumario, ha trascendido que la Guardia Civil investiga varias empresas constructoras y fundaciones de la Comunitat Valenciana que supuestamente realizaron aportaciones económicas encubiertas a esa campaña de Rita Barberá en 2007.

Según se desprende de parte del sumario de la pieza A del caso Imelsa, la empresa Laterne pudo haber girado facturas a las empresas que aportaron fondos para ocultar dichas donaciones.

En dicha pieza se investigaba hasta la fecha un supuesto delito de blanqueo cometido por los integrantes del grupo municipal del PP antes de las elecciones municipales de 2015 y un supuesto delito electoral en 2011 y 2015.

Tras las nuevas pesquisas se investigan además supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho.

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