La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) contra España por su inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas.

En un comunicado, la asociación señala que, tras casi siete meses en los que la Comisión ha realizado una investigación preliminar de los hechos denunciados por la Aesae, la semana pasada tomó la decisión de admitir a trámite el expediente.

Como parte del proceso, asegura, el Ejecutivo comunitario ha procedido a enviar la preceptiva carta al Estado español en la que se recogen los hechos fundamentales que constituyen la base del argumento de la Comisión y se esboza la valoración jurídica de los mismos. El Gobierno tendrá de plazo hasta el 8 de julio para presentar sus alegaciones.

LA Aesae había presentado su denuncia el 1 de julio de 2016 al considerar que las normativas autonómicas en contra de las gasolineras automáticas constituyen "una clara restricción al libre mercado", en línea con la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), indica en la nota.

Entre las legislaciones incluidas en la denuncia de la Aesae se encuentran las de Navarra, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia, mientras que las que están en tramitación son las de Madrid, Asturias y Extremadura.

Posteriormente, indica, esta denuncia fue ampliada el 16 de diciembre, con la ley de Castilla y León y el proyecto legislativo en tramitación en Euskadi.

A juicio de la asociación, la decisión del Ejecutivo comunitario es una muestra de que existen "indicios razonables" para considerar que "las legislaciones autonómicas mencionadas, todas ellas muy similares entre sí, constituyen restricciones relevantes al libre mercado", afirma. 

Junto a esto, la Comisión considera, según Aesae, que la denuncia presenta un interés político y económico "sobresaliente para los intereses de la Unión Europea".