La comisión de estudio de las Medidas contra la Corrupción para la Regeneración Democrática del Parlament ha aprobado este martes una pequeña parte de sus conclusiones tras más de un año de trabajos, entre las que se constata la necesidad de fiscalizar más a las fundaciones vinculadas a partidos políticos y limitar las donaciones.

Como con todas las conclusiones de las comisiones de estudio, cuando se aprueben en su totalidad se llevarán a la Mesa del Parlament para que las estudie: el órgano rector de la Cámara catalana deberá decidir "si toma nota o si les da una tramitación específica" llevándolas al pleno para su debate y votación, según el reglamento de la Cámara.

Aunque la votación del grueso de las conclusiones de la comisión anticorrupción se ha pospuesto porque no se había ordenado la multitud de propuestas que han presentado los diferentes grupos, sí que se ha aprobado un pequeño paquete de medidas transaccionadas, como la necesidad de "limitar o eliminar los aforamientos".

También extender la normativa de los partidos políticos a la financiación de las fundaciones que están vinculadas, obligándolas a aportar la misma documentación, someterse al mismo grado de fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas y publicar sus cuentas detalladas: este punto ha prosperado con los votos de todos los grupos menos de Cs y PP.

Otra de las conclusiones aprobadas es una propuesta registrada por la CUP y JxSí para crear un mecanismo catalán de prevención y lucha contra la corrupción y el fraude que coordine los distintos organismos -Fiscalía Anticorrupción de Catalunya, Mossos d'Esquadra, Oficina Antifraude de Catalunya, Sindicatura de Cuentas, Sindicatura de Greuges, Intervención General de la Generalitat y Agencia Tributaria-: el PP ha votado en contra, Cs se ha abstenido y el resto ha votado a favor.

Por unanimidad han prosperado iniciativas para fomentar la transparencia y la contratación pública, pero los grupos no se han puesto de acuerdo en torno a una propuesta de SíQueEsPot y la CUP para que los delitos económicos vinculados a la corrupción política no prescriban nunca.

El portavoz de Cs en la comisión, Antonio Espinosa, ha destacado que "ni siquiera los delitos por homicidio no prescriben", y ha destacado que por muchos códigos éticos que quieran aprobarse al final lo que hay que hacer es cumplir la ley.

Esperanza García (PP) ha compartido los argumentos de Cs y ha rechazado la propuesta de que los delitos no prescriban en ningún caso, aunque se ha abierto a estudiar una ampliación de los plazos si hay consenso en hacerlo.

Desde las filas de JxSí, Gerard Gómez del Moral ha compartido la idea de ampliar, "y mucho", los plazos actualmente establecidos para la prescripción de delitos económicos vinculados a la corrupción, pero ha descartado apoyar que no prescriban nunca porque se trata de una medida reservada para situaciones extremas como los crímenes contra la humanidad.

Jordi Terrades (PSC) ha defendido la no prescripción de los aforamientos, pero con un importante matiz: solo en caso de "que las ganancias de la corrupción política estén ubicadas en paraísos fiscales".

El diputado de SíQueEsPot Joan Giner ha rechazado la propuesta socialista de matizar la no prescribilidad, ya que su grupo considera que no deben prescribir nunca este tipo de delitos.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha defendido que este tipo de delitos no deberían prescribir, y ha lamentado que la comisión haya pospuesto otra vez la votación de las conclusiones, especialmente por los asistentes: "Hemos vuelto a venir sin los deberes del todo hechos".

El presidente de la Comisión, Benet Salellas, ha vuelto a citar este miércoles a las 13 horas a los diputados que integran este espacio para votar el gran grueso de las conclusiones y permitir a los grupos que transaccionen propuestas como la de prescripción para buscar más consenso.