El Grupo Socialista ha pedido que se echara atrás el acuerdo aprobado también en Pleno a finales del pasado mes de enero, "que materializó la compra del voto de Ramírez otorgándole una dedicación exclusiva de 50.000 euros anuales". "Lo cierto es que no esperábamos otra cosa de los protagonistas, promotores y ejecutores de este pacto antidemocrático e indecente, que además consideramos ilegal. Ni la diputada tránsfuga quiere renunciar a un sueldo que no debería percibir tras abandonar su grupo, ni el PP a una mayoría que no le dieron las urnas, pero que ha conseguido ahora por esta otra vía", ha señalado García.

Por eso, el Grupo Socialista va a presentar un recurso contencioso-administrativo, aunque no descarta tampoco otras medidas judiciales. "Sostenemos que no solo se puede decir que en el ámbito político estamos ante un clarísimo caso de corrupción, ante uno de los mayores escándalos políticos de la provincia en los últimos 20 años, sino que además de violar el Pacto Antitransfuguismo, se han vulnerado también leyes, se han vulnerado normas, y se ha hecho a sabiendas", ha afirmado el portavoz socialista.

Según su opinión, se ha infringido en primer lugar "la ley de Bases de Régimen Local, modificada en 2003 precisamente para desincentivar el transfuguismo mediante la limitación de los derechos que pueden tener quienes abandonan un grupo político -como hizo Ramírez con Ciudadanos- o son expulsados". A su juicio, el socialista señala que las restricciones impuestas entonces "han sido claramente rebasadas en este caso".

Tampoco se ha cumplido, a su juicio, el Reglamento de la Diputación, reformado en 2005 para regular la situación de los diputados provinciales no adscritos tras la expulsión de cinco de los integrantes del Grupo Popular. Esta norma, según el PSOE, establece que les corresponderán los derechos políticos y económicos que tengan individualmente por su condición de miembros de la Corporación, que en el aspecto económico "no son más que las dietas por asistencia al Pleno o a las comisiones, muy lejos de la dedicación exclusiva que ha otorgado el PP a Ramírez".

A todo ello se une, según el PSOE, "el quebrantamiento del Código de Buen Gobierno, incluido en el Plan de Transparencia y Buen Gobierno que fue aprobado por el Pleno de la Diputación en diciembre de 2015 y se declaró entonces de obligado cumplimiento". En este texto se establece el compromiso firme de respetar y cumplir el contenido del Pacto Antitransfuguismo. De hecho, señala el socialista, dice textualmente que "supondrá la exigibilidad de comportamientos y actuaciones de la Diputación" en esta materia.

Aunque el portavoz socialista se ha mostrado convencido de que únicamente "fue una operación cosmética para blanquear la mala imagen de la Diputación ante los organismos independientes que evalúan la transparencia de las administraciones públicas", la realidad "es que se aprobó y nos obliga a todos", ha advertido. Sin embargo, "no cabe ninguna duda de que se ha violado el Pacto Antitransfuguismo y, por tanto, se ha ignorado lo acordado por el Pleno", ha afirmado.

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Transparencia y Buen Gobierno para evaluar el caso de transfuguismo, que "choca frontalmente" con las obligaciones impuestas por el Código, y también para que se respete la obligación de elaborar un informe anual, "ignorada ya en su primer año de vigencia".