El País Vasco es la Comunidad que tiene la renta mínima de inserción más elevada y sus 665 euros son más del doble de lo que da Murcia —300 euros—, mientras que en Asturias, Castilla y León y Madrid la cuantía es intermedia, pero no hay límite para percibirla como en esas otras dos autonomías.

Son datos que figuran en un informe sobre Derechos sociales en las comunidades autónomas y crisis económica, presentado en el Foro de la Autonomía celebrado esta semana en el Senado.

Un estudio en el que se analiza cómo han repercutido los recortes durante la crisis en servicios como la sanidad, la política pública de vivienda, la pobreza energética o la renta mínima de inserción, que han afectado de modo especial a las comunidades autónomas, que son las responsables de llevar a cabo las prestaciones y las que responden directamente ante los ciudadanos.

En el caso de la renta mínima de inserción, el informe constata que la crisis obligó a que las comunidades reformaran en su mayoría esta prestación para reducir su cuantía y el número de beneficiarios.

Por ejemplo, en Cataluña, la Generalitat lo cambió en 2011 para introducir medidas restrictivas tanto en lo que se refiere a las cuantías, como al periodo de percepción y los beneficiarios de la prestación.

En La Rioja, en el 2012 se aumentó el número de años previos de residencia en la comunidad hasta los tres y se limitó el número de mensualidades, si bien en otra modificación posterior, en 2014, se deshicieron algunas de esas reformas y se flexibilizaron los requisitos de acceso, haciendo compatibles las prestaciones y subsidios de desempleo de importe inferior a las de inserción social.

También el Gobierno vasco endureció los requisitos de empadronamiento y rebajó la cuantía y la población beneficiaria, aunque esa comunidad sigue siendo la que tiene la mayor cantidad, por delante de su vecina Navarra (548 euros), Canarias (472) y Aragón (441). Las cuantías más bajas son las de Murcia (300 euros), Comunidad Valenciana (338) y Castilla-La Mancha (372).

No en todas las comunidades tiene la misma duración esta renta mínima y, mientras en autonomías como Asturias, Castilla y León y Madrid su percepción no tiene límite, en otras como Andalucía está restringida seis meses, los mismos que Castilla-La Mancha y La Rioja, pero en estos casos ampliables a 24 meses; Navarra, ampliable a 30 meses, y Extremadura, prorrogable sin límite.

En los últimos años, además, parece advertirse una corrección favorable al incremento de la renta mínima de inserción, como ha ocurrido en Galicia, Extremadura, Baleares y Navarra.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades, la cuantía y la duración de la renta mínima de inserción: