Anticorrupción se opone a recusar al juez de los ERE que fue un alto cargo de la Junta

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado recusar al juez elegido como ponente en la pieza política de los ERE, Pedro Izquierdo, que ha sido recusado por el PP y Manos Limpias debido a que el magistrado fue secretario general para la Justicia en Andalucía entre los años 2008 y 2014.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía entiende que "el mero hecho del desempeño de un cargo público en la Administración autonómica andaluza no es per se causa de abstención y/o recusación" en esta pieza, en la que están procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 23 ex altos cargos andaluces.

No obstante, la Fiscalía ha presentado un segundo escrito en el que insta al magistrado a que analice su participación durante su etapa de alto cargo en los distintos procedimientos administrativos relacionados con los ERE que se analizarán en el juicio.

El Ministerio Público destaca que aunque "no conoce a día de hoy la existencia de motivo cierto y concreto para pedir la abstención" del juez, "considera necesario" exponerle los puntos alrededor de los cuales giran los argumentos acusatorios y de las defensas. Anticorrupción entiende que el conocimiento previo de esos procedimientos administrativos sí pueden "incidir en la decisión" sobre la "idoneidad" del magistrado para conocer del asunto.

En este sentido, la Fiscalía enumera el uso de las transferencias de financiación por las consejerías de la Junta, en particular de la de Justicia, como mecanismo de aporte de fondos a entes instrumentales, entre ellas empresas públicas, agencias y fundaciones, para el desarrollo de actuaciones propias o delegadas.

También alude a los sistemas de control de la actuación, en especial a los actos de autorización y disposición de fondos, tanto de las consejerías como de sus entes instrumentales dependientes, por parte de la Intervención de la Junta, "con especial referencia al contenido y eficacia del control financiero permanente".

Conocimiento de políticos

En la enumeración de los procedimientos administrativos que se analizarán en el juicio de este caso, para el que aún no hay fecha, la Fiscalía se refiere al funcionamiento de los órganos de gestión y su relación de dependencia con la consejería a las que estén adscritas.

La Fiscalía hace "especial énfasis" en el posible conocimiento del juez en la aprobación de los presupuestos de los órganos de gestión de las consejerías y cuentas anuales, así como en el sistema de fiscalización o auditoría externa al que pudiesen estar sujetos.

Además, Anticorrupción se refiere al conocimiento y competencias de órganos de coordinación entre consejerías y los que existen dentro del propio departamento, como los denominados consejos de dirección -en los que participan los secretarios generales- o consejos ampliados, en los que se incluyen a directores generales y delegados provinciales.

Otro de los aspectos resaltados por la Fiscalía son el conocimiento y contacto que el juez recusado ha podido tener con cargos políticos o funcionarios con competencias en el uso de las transferencias de financiación y con funcionarios de la Intervención de la Junta.

Anticorrupción también quiere saber la posible relación del juez con cargos políticos, funcionarios u otros que pertenezcan o hayan pertenecido a órganos de gobierno de IDEA o de alguna agencia dependiente de las consejerías de Empleo o Innovación, así como de empresas y fundaciones públicas como Inturjoven, Sandetel, Extenda o EPSA.

Las recusaciones del PP y de Manos Limpias y el escrito de la Fiscalía se han presentado después de que el juez rechazara apartarse del caso tras ser elegido en un sorteo público entre tres secciones de la Audiencia de Sevilla, y luego en un sorteo interno y no público entre los cinco magistrados de la sección primera.

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