Así consta en un auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acuerda el archivo del caso respecto del que fuera delegado de Empleo y director del SAE, Juan Carlos Lomeña; la exjefa del Servicio de Formación para el Empleo Isabel Almendro y de otros diez funcionarios, haciéndose expresa declaración de que la formación de esta causa "no perjudica la reputación de los mismos".

Las pesquisas se centraron en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga abrió 27 piezas, al margen de esta principal de los funcionarios y altos cargos, y la mayoría de las diligencias referidas a las empresas también ha sido archivada.

El instructor señala en su resolución que de las diligencias practicadas "no aparecen indicios de haberse perpetrado los hechos delictivos que dieron lugar a la formación de esta causa principal", por lo que se muestra conforme al sobreseimiento libre y archivo solicitado por las defensas, al que se adhirió el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y por la Fiscalía de Málaga.

Así, el magistrado indica que, como puso de manifiesto el fiscal, "lo único que se ha comprobado es que la Administración se ha visto desbordada e incapaz de llevar a cabo el examen previo, control exhaustivo, seguimiento detallado y verificación pormenorizada del enorme número de cursos subvencionados", algo que, apunta, "no supone que exista perjuicio patrimonial a los fondos públicos".

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