Así lo han confirmado fuentes judiciales, después de que el último escrito de calificación recogía a un total de 102 acusados, si bien dos han fallecido. El caso lo enjuiciará un Juzgado de lo Penal, dado que la pena máxima solicitada individualmente por delito no supera los cinco años de cárcel, todo ello tras el auto de apertura de juicio oral por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de 96 delitos fiscales, de los que acusa a cien personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el presunto cabecilla de la trama, P.J.R.G., y su hijo P.J.R.F., que se enfrentan a sendas penas de unos 384 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide el fiscal son de dos años de prisión para siete acusados.

En concreto, el Ministerio Público pide para los dos citados acusados penas de cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos. Hasta ahora, desde las detenciones, las personas se mantienen en libertad provisional con la obligación de comparecer en el Juzgado cuando fueran requeridos.

No obstante, la juez requiere que en el plazo de 15 días los acusados deben presentar fianza en distintas cuantías cada uno, y de no ser así, añade el auto, "se procedería al embargo de bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha suma o acredítese su insolvencia".

En este sentido, las cuantías más altas de fianza alcanzan los 25 millones de euros para una de las empresas y 236.000 euros de la más baja, mientras que el montante final requerido a los encausados asciende a 109.858.627 euros.

DESDE 2006

Cabe recordar que esta operación se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona -que llegaron a sumar unos cien agentes a la vez en estas tareas- dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.

La sociedad principal, de la que formaban parte los cabecillas, radicada en Barcelona, supuestamente se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía, y sobre todo, en Córdoba.

La empresa presuntamente hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas supuestamente ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos, tanto por las ventas en la imposición indirecta -IVA-, como por los beneficios en la imposición directa -IRPF o Impuesto de Sociedades-.

La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, presuntamente creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes, según la investigación.