La valedora constata avances en administraciones y sector privado para "respetar" los derechos lingüísticos

  • SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El informe del Valedor do Pobo de 2016, presentado este lunes por la titular de la institución, Milagros Otero, constata "un esfuerzo" en el sector privado por "respetar" el derecho de los ciudadanos a emplear "en todos los ámbitos de su actividad la lengua oficial de su elección", procurando ofrecer sus productos y servicios en gallego y adaptando sus procedimientos de gestión y su actividad comercial.

Asimismo, constata que las administraciones públicas han tratado de "corregir las disfunciones detectadas" en el respecto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

"Percibimos una conciencia cada vez mayor de que existen derechos lingüísticos individuales y colectivos y que, con pleno respecto a la libertad de todos los hablantes, en una comunidad en la que el gallego es lengua cooficial, debe garantizarse el derecho de toda persona a vivir en la lengua propia de Galicia", recoge el informe.

FALTA DE "SENSIBILIDAD" HACIA EL PATRIMONIO CULTURAL

En el apartado de cultura, además, el Valedor do Pobo ve "muestras constantes de la falta de sensibilidad de muchos ayuntamientos para preservar su patrimonio cultural, ligada en muchos casos a intereses urbanísticos".

"Ya el año pasado insistimos en que se comprueba aún una clara desidia para proteger el patrimonio cultural en el ámbito municipal, que tolera construcciones inacabadas, fuera de ordenación, apartadas de la tipología constructiva propia del entorno o con elementos contrarios a un mínimo sentido estético en las proximidades de bienes de interés cultural o de bienes catalogados", ha remarcado.

Añade que la Administración autonómica ha mostrado "lentitud o pasividad -justificada por la falta de medios materiales y humanos- para impedir la destrucción de la memoria y de la historia de muchos lugares".

"No parece exagerado decir que el patrimonio cultural de Galicia no es concebido en este momento, salvo excepciones contadas, como un instrumento de cohesión social y de desarrollo sostenible", zanja.

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