El Ayuntamiento de Barcelona amplía sus estrategias para detectar casos de pobreza energética, que se calcula que afecta a alrededor del 7% de los ciudadanos. Los Bomberos, las Unidades de Exclusión Residencial (UCER), el Servicio de Intervención y Mediación en situación de Pérdida y/o Ocupación de Vivienda (SIPHO) y el personal de los Centros de Atención Primaria (CAP) y de los Centros de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias (CAS) colaborarán a partir de ahora en la detección de personas en esta situación, mediante unos protocolos que ha creado el consistorio.

Así lo han anunciado este martes la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz; el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens; y la comisionada de Salud, Gemma Tarafa, que han explicado que la idea es identificar estos casos "de forma precoz" y no solo "a través de los servicios sociales cuando hay un aviso de corte de suministro por impago".

Estos profesionales ya han empezado a recibir una formación presencial específica -de entre dos y tres horas de duración- para poder detectar a personas en situación de pobreza energética y cuando lo hagan, deberán comunicarlo a los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) que se pusieron en marcha en Barcelona a principios de año y ya han atendido a 1.800 ciudadanos.

En cuanto a los Bomberos de Barcelona, deberán analizar una serie de indicadores cuando hagan algún servicio en un domicilio particular, para comprobar si existe escasez de suministro energético. Por ejemplo, tendrán que fijarse en si hay fogoncillos en la cocina en un edificio con gas o en la presencia de velas o lámparas sin bombillas.

Los equipos de intervención en materia de vivienda, por su parte, en caso de observar señales de alerta, deberán verificar si están ante un caso de pobreza energética a través de una conversación informal con el posible afectado.

En los CAP y los CAS, los profesionales también tendrán que fijarse en una serie de indicadores para detectar a personas en esta situación, para lo que el pasado viernes ya empezaron a recibir formación -se ha impartido a 60 personas, por el momento-. El personal de estos centros ya ha comenzado a deribar a ciudadanos a los PAE, a una decena hasta la fecha.

También está previsto que en un futuro reciban formación para identificar casos de pobreza energética los profesionales de los centros hospitalarios y de salud mental.

Por otro lado, desde el área de Seguridad del Ayuntamiento se están estudiando fórmulas para incluir a la Guardia Urbana en estos protocolos.

La comisionada de Salud, Gemma Tarafa, ha explicado que se ha creado una mesa de trabajo con el Servei Català de la Salut y otras administraciones implicadas para determinar qué enfermedades generan dependencia energética -por ejemplo, porque la persona necesita estar conectada a un aparato- y para que los enfermos queden amparados, como establece la ley.

Tarafa también ha apuntado que la pobreza energética "tiene importantes impactos sobre la salud" y provoca "más morbilidad y mortalidad", así como "enfermedades cardiovasculares, respiratorias y reumatoides" y "trastornos de salud mental por angustia".

El Ayuntamiento también ha hecho balance este martes del funcionamiento de los 10 Puntos de Asesoramiento Energético que se pusieron en marcha en enero en la ciudad. Desde el día 20 de ese mes y hasta el 21 de marzo se atendió a 1.800 personas, de las que 500 habían recibido avisos de cortes por impago.

Del total de casos, 184 requirieron una intervención directa y urgente en la vivienda y una tercera parte fueron derivados desde los servicios sociales.

Ortiz también ha informado de que el consistorio ha evitado cerca de 1.100 cortes de suministros en el último año -200 en el último mes- mediante los informes de vulnerabilidad que prevé la ley de pobreza energética.

La teniente de alcalde ha reconocido que algunos se han evitado con el pago de facturas por parte del Ayuntamiento, pero ha asegurado que "la tendencia a ir pagando ayudas de manera automática se ha reducido" ya que se mantiene el objetivo de que las suministradoras firmen convenios para que se hagan cargo de parte de esta deuda antes del 31 de marzo.