El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes crear su eléctrica municipal, que llevará por nombre Barcelona Energia y será la pública renovable más grande de España, ha defendido el concejal de Presidencia, Eloi Badia, que ha asegurado: "Es un paso muy importante hacia un cambio de modelo energético tan necesario. Conquistamos soberanía energética".

La creación de la comercializadora eléctrica, que operará a través de la empresa pública Tractament i Selecció de Residus SA (Tersa), se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos municipales excepto el PP, que se ha abstenido en la votación de la memoria que justifica su creación y para modificar los estatutos de Tersa.

El Gobierno de Ada Colau prevé que la comercializadora -que deberá tramitar su licencia con el Gobierno central- empiece a operar en el Ayuntamiento y después amplíe su servicio a los ciudadanos, empezando por unos 20.000 usuarios, cifra que podría aumentarse después en función de su capacidad.

La concejal del grupo Demòcrata Francina Vila ha recordado que el ejecutivo del exalcalde Xavier Trias ya abogó por avanzar hacia un operador municipal, y ha destacado que, con éste, el Ayuntamiento no deberá hacer más contratos eléctricos municipales, como el que se está preparando después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público anulara el último impulsado, algo que ha tachado de "ridículo estrepitoso".

El edil de Cs Santiago Alonso ha defendido esta iniciativa para potenciar la energía renovable, y ha lanzado una advertencia al Gobierno de Colau: "Ahora tendremos la herramienta, pero faltará que se use bien. Seremos exigentes para que las cosas se hagan de forma rigurosa y sin demagogia".

El portavoz republicano, Jordi Coronas, ha resaltado que la comercializadora energética municipal es un elemento estratégico por el que siempre ha apostado ERC, porque es una pieza clave para impulsar una política energética propia que cubra el consumo del Ayuntamiento, comercialice energía a terceros y facilite el autoconsumo a los privados.

Maria José Lecha (CUP) ha celebrado el inicio de la creación de esta comercializadora, aunque ha señalado que les "sorprende un poco el discurso grandilocuente sobre este tema, porque esto es un inicio", tras lo que ha pedido al Gobierno municipal tejer alianzas con pequeñas operadoras para potenciar la sostenibilidad.

Desde Demòcrates, el edil Gerard Ardanuy -en su primer pleno como concejal no adscrito tras romper con el grupo Demòcrata tras el cambio de nombre de la antigua CiU- ha celebrado este "primer paso para impulsar un cambio que debería llevar a la soberanía energética" y a la promoción de las energías renovables.

El popular Javier Mulleras ha expresado su abstención tras asegurar que el PP defiende una bajada del precio de la electricidad y combatir la pobreza energética, pero ha puesto en duda que la comercializadora municipal pueda garantizar ambos objetivos.

el concejal de Presidencia y Energía de Barcelona, Eloi Badia, empezará a prestar sus servicios al Ayuntamiento en verano de 2018, y  a finales de año estos servicios se ampliarán a la ciudadanía. La intención es empezar con 20.000 usuarios.

Badia ha destacado se llamará Barcelona Energía y dependerá de la empresa pública Tractament i Selecció de Residus SA (Tersa). También ha recordado que en la primera fase suministrará la energía que necesita el Ayuntamiento, por lo que éste no requerirá más contratos eléctricos municipales.

El concejal ha recordado que la comercializadora deberá tramitar la licencia con el Gobierno central para poder operar, y ha asegurado que tendrá capacidad de llegar a 20.000 ciudadanos en una primera fase y que después los ampliará en función de su capacidad.

Ha avanzado que probablemente los usuarios se elegirán por orden de solicitud, y ha defendido que ésta será la empresa pública 100% renovable y 100% pública más grande de España y la que tendrá más capacidad de incidencia en el sector.

Preguntado por los medios, ha asegurado que la comercializadora pública ofrecerá a sus usuarios ventajas como una "confianza absoluta" en que tendrá en cuenta los ajustes en las tarifas y estará comprometida con el cumplimiento de la Ley 24/2015 de Pobreza Energética y Emergencia Habitacional.

El Ayuntamiento prevé ahorrar unos 500.000 euros al año con la comercializadora, a través de la que ofrecerá a sus usuarios servicios energéticos integrales, como asesoramiento, mantenimiento, gestión integral de las instalaciones, promoción de la rehabilitación energética y el impulso del ahorro, de la eficiencia y la generación energética local.