La reacción del colectivo ecologista se produce después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en Valladolid desestimara su recurso contra la Modificación del Plan General de Ordenación

Urbana (PGOU) en la denominada Área Homogénea 5 'Páramo de San

Isidro', situada al Sur de la ciudad entre las Rondas, donde está prevista la construcción de hasta 4.600 nuevas viviendas como compensación a los propietarios del suelo por la cesión de los terrenos del Nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid.

"En un pirueta legal, dos de los tres magistrados de la Sala dicen lo

contrario de lo declarado por ellos mismos hace ahora cuatro años", cuando por sentencia de 14 de febrero de 2013 concluyeron que "resulta que no son necesarias esas 4.610 nuevas viviendas, pues según el informe del Ayuntamiento de Valladolid de 1 de octubre de 2010, emitido en el periodo de prueba del proceso, desde el año 2005 hasta el año 2009 se han otorgado 470 licencias de obra nueva de uso residencial, para un total de 9.273 viviendas, siendo el número de licencias de 75 para 1.919 viviendas en el año 2008, y de 46 licencias para 506 viviendas en el año 2009, lo que pone de manifiesto la caída de la demanda de nuevas viviendas que se alega por la parte recurrente".

EA, a través de un comunicado recogido por Europa Press, censura que el TJSCyL obvia en su nueva sentencia la prueba practicada, según la cual el número de nuevas viviendas en Valladolid no ha dejado de caer en los últimos años, hasta menos de 100 viviendas al año (166 viviendas en 2011, 144 en 2012, 130 en 2013 y 2014, y 96 en 2015), siendo la capacidad del suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable vigente de más de 30.000 viviendas y existiendo 19.000 viviendas vacías en una ciudad en la que el número de habitantes no deja de descender.

Por ello, el colectivo asegura no entender cómo el tribunal ha podido

concluir que en 2017 sí son necesarias las 4.600 nuevas viviendas que en

2017 no lo eran, más allá de constituir el pago a los propietarios de las 70 hectáreas que ocupa el Nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid.

Ante ello, EA recurrirá al Supremo la nueva sentencia del TSJ de Castilla y León por considerarla "incoherente con numerosos

pronunciamientos anteriores de la misma Sala, el último del pasado de

diciembre cuando ésta anuló la Modificación del PGOU de Medina de Rioseco para la construcción de 400 nuevas viviendas en otro municipio vallisoletano con abundante suelo urbanizable y que no hace más que perder población".

Junto a ello, el colectivo apunta que la sentencia omite completamente la valoración de la prueba practicada.

En opinión de los ecologistas, Ayuntamiento de Valladolid y Ministerio de Fomento deberían consolidar la situación legal del Nuevo Complejo Ferroviario procediendo a expropiar los terrenos sobre los que se asienta, por su valor actual como suelo rural.

"La especulación inmobiliaria nunca debería ser un método para financiar las infraestructuras de interés general", declara EA, en referencia tanto al Nuevo Complejo Ferroviario como al abandonado soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad.