La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, por unanimidad, se emplaza a "todas las instituciones públicas y privadas, especialmente a los Gobiernos de Navarra y España, a dar todos los pasos necesarios para el reconocimiento pleno de derechos de las personas LGTBI+, con especial atención al derecho a la no discriminación y a la normalización y comprensión de su realidad de los y las menores transexuales".

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra repasa la trayectoria de "una asociación dedicada al impulso de iniciativas destinadas a patologizar, estigmatizar y oprimir a los colectivos LGTBI+ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales), incluido el tristemente célebre autobús del odio", y reclama la retirada de la declaración de utilidad pública de "la que disfruta desde mayo de 2013, por suponer un reconocimiento moral y simbólico que se encuentra muy lejos de merecer".

Los proponentes critican "el refuerzo que, también a nivel financiero, supone la citada declaración de utilidad pública, pues permite desgravar el 75% de los 150 primeros euros aportados y entre el 30 y el 35% de las cantidades donadas a partir de esa cifra, circunstancia que les ha permitido elevar sus ingresos desde el millón y medio en 2012 a los 2,6 en 2015".