Las acciones del Banco Popular se han desplomado un 9,6% este lunes, hasta los 0,734 euros, marcando un nuevo mínimo histórico después de que el presidente de la entidad, Emilio Saracho, anunciara que el banco "está abocado a una nueva ampliación de capital", sin descartar operaciones corporativas.

Las palabras de Saracho se han unido al efecto que ha tenido en la cotización la rebaja de la calificación que el viernes dio a conocer la agencia S&P, situándola en 'B' desde 'B+', debido a que entiende que su posición de capital es "débil". Otra agencia de calificación, Moody's ha coincidido este lunes con Saracho al considerar que el Popular debe ampliar capital para cumplir con los requisitos exigidos por el Banco Central Europeo (BCE).

"Mi preferencia es que si acudimos al mercado, no solo sea para cumplir con los niveles de capital, sino para alcanzar un volumen de fondos propios que permita al banco competir  en igualdad de condiciones", ha subrayado. Por eso no se cierra a que la entidad participe en una operación corporativa porque, según ha explicado, "la independencia es un valor hasta que es una carga".

La de este lunes ha sido la primera comunicación de Saracho al mercado desde que fuese nombrado presidente el 20 de febrero y tras la dimisión de Pedro Larena como consejero delegado. Los inversores estaban a la espera de conocer las líneas de su estrategia, en un momento complicado por las pérdidas por 3.485 millones de euros en 2016 y tras anunciarse una reexpresión de las cuentas para corregir cuatro aspectos concretos que elevarán los 'números rojos' en al menos 129 millones. La Junta ha aprobado hoy las cuentas con un respaldo del 93,6%.

Más allá de abrir la puerta a una nueva ampliación de capital —en mayo de 2016 el banco aumentó capital por 2.500 millones de euros— y a participar en operaciones corporativas, Saracho ha avisado de que el banco desinvertirá en aquellos negocios en los que no cuente con las "suficientes capacidades para competir tanto geográfica como verticalmente". También ha puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar más provisiones en el futuro, pese a que ya ha dotado 25.000 millones de euros desde 2007 con el fin de sanear su balance.

"El discurso del presidente, cargado a partes iguales de realidad, crudeza y esperanza, no ha gustado en general al mercado", explica el analista de XTB Rodrigo García. El experto señala que si bien muchos inversores ya descontaban la ampliación de capital, es necesario saber la cuantía real para ver el impacto que finalmente va a tener en la cotización de la entidad.

Respecto a la posibilidad de participar en operaciones corporativas —es decir, su unión con otra entidad— el analista entiende que "no tiene ningún sentido" que el Banco Popular diga públicamente que quiere ser comprado, "porque eso hundiría el precio de la acción". En cualquier caso, entiende que esto no debería ocurrir en el corto plazo.

Por su parte, la analista de Renta 4 Nuria Álvarez ha señalado que, desde su punto de vista, la ampliación de capital era considerada como "la última alternativa", mientras que ha indicado que no ve factible una operación corporativa sin que la situación del banco se haya reconducido. "Pero, como todo, esto es una cuestión de precio", ha zanjado.

El mismo día en que se ha derrumbado al acción del Popular, el portavoz de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) Ignacio Aragón, ha pedido a Saracho que investigue si se han producido filtraciones de información con el objetivo de hacer caer el precio de la acción y beneficiar a inversores bajistas (aquellos que apuestan por una rebaja del precio de la acción y ganan dinero con la caída)

Aragón se refiere así a la noticia de que un grupo de accionistas mexicanos, propietarios de un 4% del capital del banco, preparan una querella contra la entidad por una presunta "filtración" de información confidencial que habría provocado "importantes caídas en la cotización" y beneficiado a inversores con posiciones cortas, según ha publicado este lunes 'El País'.  Saracho ha rechazado la puesta en marcha de esta investigación al afirmar que la entidad no tiene "constancia" de los hechos

"El consejo no puede permanecer pasivo ante la gravedad de los hechos que se contienen en dicha querella, y le sugerimos que investigue internamente lo sucedido", ha indicado Aragón, que considera que estas presuntas actuaciones deben ser trasladadas por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Fiscalía.

Por otra parte, el abogado y accionista Felipe Izquierdo ha manifestado su intención de agrupar a accionistas para tomar medidas legales contra los miembros del consejo de administración que aprobaron las cuentas de 2016. Según ha informado, su objetivo no es "dañar al banco", sino denunciar a los responsables, por lo que no descarta emprender acciones en las que se reclame que estas personas respondan de sus acciones con su patrimonio.

El resto de la banca se ha visto contagiada este lunes por la caída de Popular, especialmente CaixaBank, que ha perdido un 3,01%, hasta los 3,93 euros por acción. También se han situado en rojo Santander (-1,68%), Sabadell (-1,6%), Bankia (-1,47%), BBVA (-1,09%) y Bankinter (-0,92%).

El consejo de administración del Popular, por otro lado, ha nombrado a Ignacio Sánchez-Asiaín nuevo consejero delegado de la entidad en sustitución de Pedro Larena, que renunció al cargo hace una semana. El nombramiento, decidido por unanimidad, tendré efectos desde el 18 de abril y ha ido acompañado de su designación como vocal del consejo, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sánchez-Asiaín es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto (Bilbao), máster en dirección empresarial por la Universidad de Pensilvania. Ha desempeñados diversos cargos de dirección en BBVA y en la actualidad era consejero senior en la región de Iberia de Oliver Wyman & Co y miembro del consejo de administración de Abanca.