La entrega de las armas y el señalamiento de los zulos de almacenamiento escenificados por ETA en Bayona (Francia) el pasado 8 de abril abren para España, y para el País Vasco en particular, un camino inédito hasta el momento lleno de interrogantes políticos, legales y sociales.

La fecha de la disolución final de la banda, la comprobación de sus arsenales, la posible colaboración para resolver sus más de 300 asesinatos sin esclarecer, la actitud de los presos etarras y el papel del Gobierno respecto a la política penitenciaria o al diálogo para la paz son, junto a la reparación a las víctimas, las cuestiones clave en la construcción del futuro de la sociedad vasca tras 40 años de muerte.

Estos son los interrogantes del proceso

La gendarmería francesa atribuyó a ETA el robo de 350 armas cortas (pistolas y revólveres), piezas y munición por parte de un grupo de encapuchados perpetrado durante la tregua de 2006 en la empresa Sidam (Vauvert, Francia). Agentes galos y la Guardia Civil hallaron en octubre del año pasado en un arsenal de Calepont 145 de ellas, lo que, unido aincautaciones anteriores, elevó a casi 200 el número de unidades recuperadas. La banda entregó otras 62 en Bayona, lo que le genera un problema: ¿dónde se encuentra el centenar restante?

Distintos medios han publicado que el arsenal entregado por ETA no coincide en volumen con el declarado por la banda y con el que el Ministerio del Interior lleva años rastreando. Entre los artículos que no incluyó en el desarme están los tres misiles que habría comprado en 2009, de acuerdo a la nota que Aitor Elizarán, ex jefe político de ETA, llevaba en el bolsillo en el momento de su detención en octubre de 2009.

ETA ya adquirió armas como estas cuando intentó asesinar en el año 2001 al entonces presidente José María Aznar. Los misiles Sam 7 de fabricación rusa, que llegaron a su poder a través de individuos relacionados con el IRA irlandés y con los que apuntaron al avión presidencial hasta en tres ocasiones, no llegaron a activarse.

El cineasta vasco Iñaki Arteta presentó a finales de 2016 el documental 'Contra la impunidad', donde relató los 324 asesinatos cometidos por ETA (de un total de 829) cuya autoría se desconoce. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cursado una petición de información (comisión rogatoria) a la justicia francesa para analizar si las armas entregadas en Bayona contienen huellas o detalles que ayuden a esclarecerlos.

Las fuerzas de seguridad cuentan, sin embargo, con que ETA haya limpiado los dispositivos, imposibilitando su rastreo. Las pistolas del arsenal de Calepont, por ejemplo, aparecieron untadas en grasa, lo que favorecía su conservación, pero impedía la búsqueda de huellas. La banda tampoco se ha pronunciado acerca de si colaborará para aclarar estas muertes.

El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPKK por sus siglas en euskera) lo componen unas 400 personas, de las que el 20% cumplen condena en Francia. Su último comunicado data de antes de la entrega de armas -diciembre de 2016- y en él rectifica una política consistente en no abjurar de sus matanzas ni permitir que sus componentes se acojan a beneficios penitenciarios de forma individual. Los que lo hicieron en el pasado y adoptaron la 'vía Nanclares' (el proyecto de reinserción para etarras arrepentidos que toma el nombre de la cárcel de Nanclares de Oca, en Álava) fueron expulsados del grupo.

El gobierno de España insiste en que la de Nanclares -que incluye la colaboración con las fuerzas de seguridad- es la única vía que existe para que los presos se acerquen al País Vasco. PSE, Podemos, PNV y Bildu han solicitado al Ejecutivo que acabe con la política de dispersión, que ha cumplido 27 años. Arnaldo Otegi, portavoz de EH Bildu, quiere que los derechos de los presos y la salida de la Guardia Civil del País Vasco estén encima de la mesa. El PP se niega a hacerlo mientras ETA no se disuelva. La pregunta es ¿y cuando lo haga? El próximo comunicado de los presos, que ya se espera, puede ser el primer paso.

ETA ha asegurado, en sus comunicados relativos al desarme, que es el momento de "seguir dando pasos" para lograr "la paz y la libertad" del pueblo vasco y emplaza a "adquirir compromisos" para "avanzar en la agenda de soluciones". Sin embargo, evita poner una fecha para su disolución definitiva. Los especialistas en la lucha antiterrorista creen que ese proceso se iniciará a partir de ahora, pero desconocen el final.

El Gobierno exige la desaparición definitiva e incondicional, pero retrasa, de momento, el proceso posterior de construcción de la paz. El PP y las asociaciones mayoritarias de víctimas reclaman un relato de vencedores y vencidos que explicite la derrota de ETA y en el que la banda pida perdón por sus crímenes, no solo por el dolor causado, como ya han hecho la izquierda abertzale o el propio Arnaldo Otegi. La izquierda abertzale quiere que la historia reconozca, además, los asesinatos de Estado cometidos por el GAL o las torturas cometidas por agentes de la Guardia Civil.

Pero, además de la reparación moral, existe la vía legal. El conflicto de Irlanda del Norte acabó tras la negociación del Acuerdo de Viernes Santo (10 de abril de 1998) entre el Sinn Féin, brazo político de la organización terrorista IRA, y el resto de partidos políticos. Irlandeses y norirlandeses lo ratificaron después en referéndum. Lo mismo ha ocurrido tras la reciente firma de la paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en Cartagena de Indias. El PP ni siquiera ha planteado ese escenario.