Monasterio ha remarcado que Asturias ha sido "ejemplar" en el cumplimiento de los objetivos de déficit y en su endeudamiento, al tiempo que ha recordado que el Principado tiene una población envejecida y dispersa, lo que encarece el coste de servicios esenciales como la sanidad o la educación.

En rueda de prensa junto a la consejera de Hacienda y Sector Público del Principado, Dolores Carcedo, Monasterio ha incidido en la importancia de atender al coste de los servicios públicos en la reforma del sistema de financiación autonómica que analiza el grupo de expertos y que luego será negociada entre comunidades autónomas y Gobierno central en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Un buen sistema debe recoger las necesidades de las comunidades y de sus ciudadanos", ha dicho Monasterio tras reunirse con representantes de los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado, explicando que los técnicos están repasando el sistema desde su puesta en marcha con la Constitución de 1978 para ver las fortalezas y debilidades que plantea en su evolución y ofrecer recomendaciones en su informe, que verá la luz entre julio y agosto.

Fortalecer los mecanismos de colaboración, reforzar la solidaridad y la negociación multilateral, impulsar el Fondo de Compensación Interterritorial, abordar las diferencias entre el régimen común y el régimen foral o abrir la posibilidad a una mayor autonomía tributaria al tiempo que se armonizan determinados impuestos, son algunos de los aspectos que están debatiendo los expertos.

Al respecto, ha señalado cómo en Estados Unidos algunos tributos como el impuesto a las herencias no es estatal sino federal. Asimismo, ha aprovechado para calificar de calificar de "camelo" la "batalla fiscal" entre comunidades autónomas por el Impuesto de Sucesiones.

Por su parte, Dolores Carcedo ha destacado la necesidad de más financiación para garantizar la sostenibilidad de los servicios esenciales atendiendo a determinadas variables que alteran y encarecen los costes, como ocurre con el envejecimiento, la dispersión y la orografía en el caso de Asturias.

LOS GRUPOS FÍAN LA REFORMA A LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA

Todos los grupos con representación la Cámara asturiana han reconocido en el prestigio del catedrático Monasterio para representar a la comunidad y en valorar la constitución de la comisión de expertos para ofrecer un diagnóstico y recomendaciones que permitan mejorar el sistema, aunque han coincidido en que la negociación política será la clave para la reforma.

El portavoz socialista, Fernando Lastra, ha calificado de "acierto" tanto la constitución de la comisión como el nombramiento de Monasterio y ha asegurado que desde el PSOE no existe "ni recelo ni desconfianza" en el resultado final, ya que parten del convencimiento de que tanto técnicos como políticos buscarán "mejorar el sistema".

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha resaltado que varias de las líneas de trabajo de los expertos coinciden con los planteamientos de su formación en términos de armonización y corresponsabilidad fiscal, solidaridad interterritorial, revisión del régimen foral o definición de un catálogo de servicios básicos. Además, ha apuntado la posibilidad de crear un órgano independiente de evaluación que condicione la financiación de grandes obras y proyectos a su pertinencia.

La diputada del PP Emma Ramos ha reiterado la crítica de su formación al Gobierno asturiano por no buscar el "consenso" en el nombramiento del experto y ha insistido en exigir al Principado que "tome las riendas" y calcule el coste de los servicios para que la reforma sea "lo más favorable" posible para Asturias.

En la misma línea, la portavoz de Foro, Cristina Coto, ha reprochado al Ejecutivo autonómico que todavía no se conozcan "ni su posición política, ni las necesidades reales de Asturias, ni el coste de los servicios", pese a que el sistema supone "el 75% de sus ingresos".

Desde Podemos, su portavoz Emilio León ha argumentado que la reforma del sistema de financiación es un debate "profundamente político" aunque puedan atenderse cuestiones técnicas relevantes. Así, apuesta por incorporar indicadores socioeconómicos "más avanzados" como la huella ecológica o la perspectiva de género, al tiempo que reclama mayor armonización fiscal, cooperación y solidaridad para lograr "una reforma a la altura del siglo XXI".

Gaspar Llamazares (IU) ha puesto el acento en la importancia de la unidad entre los grupos de la Junta General y la habilidad de negociación del Principado para defender los intereses de Asturias en el plano político. "Estamos en buenas manos", dijo en referencia a Monasterio y el grupo de expertos, aspirando a que la labor política esté a la altura del informe técnico.