De esta forma, tal y como ha asegurado la portavoz gubernamental, Begoña Martínez Arregui, "el Ejecutivo riojano reafirma su compromiso prioritario con la Justicia Gratuita, que permite a las personas con menos recursos económicos acceder a un servicio de calidad que garantice un estado de derecho real y efectivo".

El importe de la subvención se destina fundamentalmente a retribuir las actuaciones profesionales que lleven a cabo los abogados y procuradores colegiados relacionadas con el turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, violencia de género y gastos de infraestructuras justificados, cuando tengan como destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

La asistencia gratuita es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas que tienen la competencia de justicia, que en el caso de La Rioja se hizo efectiva el 1 de enero de 2011 mediante Real Decreto 1800/2010, de 30 de diciembre. La Asistencia Jurídica Gratuita puede ser solicitada por ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España; nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, asociaciones de utilidad pública y fundaciones, siempre y cuando cumplan con unos determinados requisitos.

Para acceder al servicio, la ley establece que los recursos e ingresos económicos brutos por cualquier concepto de la unidad familiar (cónyuge o pareja de hecho e hijos menores) no deben superar las siguientes cantidades; Unidad familiar 1 persona: 2 veces IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), es decir, 12.780,26 euros; Unidad familiar 2 o 3 personas: 2,5 veces IPREM, es decir, 15.975,33 euros; y Unidad familiar 4 o más personas: 3 veces IPREM, es decir, 19.170,39 euros.

También se tendrán en cuenta los activos financieros (cuentas, plazos fijos, acciones, etc.) y los signos externos o patrimonio que pueda existir (bienes inmuebles, vehículos, terrenos, etc.). Si se superan estos umbrales se podrá conceder excepcionalmente en atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo. No obstante, en ningún caso los recursos o ingresos de la unidad familiar podrán exceder en cinco veces el IPREM, es decir, 31.950,65 euros.

En las mismas condiciones se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a personas con discapacidad siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional. La ley establece que tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica, cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Igualmente se concederá este beneficio a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

En este sentido, también se concederá justicia gratuita a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio, como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

BALANCE DE ACTIVIDAD EN 2016

Según los datos aportados por la portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, actualmente hay 226 abogados adscritos al Turno de Oficio (120 hombres y 106 mujeres); 184 abogados adscritos a la Asistencia Letrada al Detenido (98 hombres y 86 mujeres); y 108 abogados adscritos al Turno de violencia de género (52 hombres y 56 mujeres).

El balance de este servicio en 2016 revela que el número total de solicitudes recibidas fue de 3.363, lo que supone una disminución de 467 solicitudes, un 12,19 por ciento menos. En relación con la naturaleza de las solicitudes: 1.801 corresponden al Orden Penal (53,55 por ciento); 1.283 al Orden Civil (38,15 por ciento); 131 al Orden Social (3,90 por ciento); 76 al Orden al Contencioso-Administrativo (2,26 por ciento) y 72 han sido de carácter administrativo (2,14 por ciento).

Por otro lado, durante 2016 se atendieron 1.073 consultas informativas, de las cuales, 794 se han realizado vía telefónica y 279 de forma presencial.