La Fiscalía de Madrid ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia que, entre otros, se dirige contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario, según han confirmado fuentes fiscales. El motivo, según ha adelantado el diario El País, es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.

Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento, con "responsabilidades políticas por mala gestión". En ese extenso informe se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial.

En la denuncia la Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".

"Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10 por ciento del beneficio anual" de Mercamadrid", señalaba la denuncia. Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".

Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones". "Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno (del PP) de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique", destacó el concejal.

En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones conocidas recientemente. "En determinados años, y aprovechando la ampliación de sus instalaciones, se produjeron una serie de gastos desproporcionados. Un ejemplo es la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros que no ha servido para incrementar ni los ingresos ni la rentabilidad de la sociedad", señalaba el documento. Con este informe, el Gobierno municipal pedía a la Fiscalía que investigue por si los hechos fueran constitutivos de uno o varios delitos.

Dancausa, por su parte, ha negado en un comunicado estar "en ningún caso" encausada por fraude y ha dicho que está a "total disposición" de la Justicia para esclarecer el asunto. La delegada del Gobierno recalca que la Fiscalía se ha limitado a trasladar la información "para que el Decanato determine si procede abrir una causa judicial por un delito societario del artículo 295 del Código Penal (administración desleal) contra el Consejo de Administración de Mercamadrid".

"Respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid, pero no la comparto en absoluto. No obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor", afirma Dancausa. Defiende que el origen de la operación "se remonta a 2001", y que las actuaciones a las que se refiere "contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables, y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración".

"Con los informes favorables del secretario general del Consejo de Administración, a su vez letrado asesor del mismo, y a propuesta de la Comisión Ejecutiva, se concluyó en una propuesta de transacción, por la cual unas naves construidas por Mercaocio en la superficie cedida en su día por Mercamadrid a tales efectos, pasaron a disposición de esta última empresa mediante un contrato de alquiler con la finalidad de que fueran subarrendados por Mercasa", explica.

Según su relato, el destino final de esta operación "era que Mercasa pudiera utilizar las naves para su proyecto Mercaorigen", operación con la que se eliminaba "el riesgo de las demandas pendientes por importe de 8 millones de euros"; se le daba un uso económico a unas naves que ya existían; y se dotaba a Mercamadrid de un nuevo factor de competitividad "con unos precios adecuados al mercado". "Las auditorías realizadas, tanto la externa, como las internas realizadas por la Intervención General del Ayuntamiento, no pusieron ningún reparo a la operación", recuerda.

Pero posteriormente a la aprobación de la operación (16 de octubre de 2013) y de la firma del contrato (28 de noviembre de ese mismo año), en la Comisión Ejecutiva de 5 de diciembre de 2013 "Mercasa plantea, sorpresivamente, que para que su inversión fuera rentable la concesión del Ayuntamiento a Mercamadrid debería extenderse más allá de la fecha establecida, que era enero de 2032".

"Desde aquel momento, el empeño de la Presidencia de Mercamadrid fue buscar soluciones para dar viabilidad a la condición planteada por Mercasa. Teniendo en cuenta que esta cuestión debía ser sometida a la aprobación de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, se solicitó a Mercasa acreditación documental de los motivos por los cuales necesitaba ampliar el plazo de concesión para que la operación fuera viable", agrega Dancausa. Y por ese motivo, se solicitó un Plan de Negocio y Viabilidad, "que no llegó hasta febrero de 2015", documentación que "se encontraba en estudio cuando, dos meses después, cesé en mi cargo en el Ayuntamiento", concluye.