El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado este martes la causa contra el presidente y el director del diario La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no llevara a la Fiscalía un informe sobre supuestas irregularidades del Canal de Isabel II.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado —a petición de la Fiscalía Anticorrupción— desimputar, sobreseer provisionalmente y archivar las actuaciones iniciadas contra Casals y Marhuenda después de que los dos directivos de ese diario prestaran declaración la semana pasada, justo a continuación de Cifuentes, su consejero de Presidencia, Ángel Garrido; su jefa de gabinete, Marisa González, y el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras.

Según destaca el juez, la propia Cifuentes, que declaró como testigo el mismo día en que se destapó la operación Lezo, "no se sintió" coaccionada por Marhuenda o Casals y que "en ningún caso lo habrían conseguido", al tiempo que aseguró que no denunció las actividades de Edmundo Rodríguez Sobrino en el Canal de Isabel II "por la actuación de Marhuenda y Casals".

Rodríguez Sobrino, consejero de la empresa editora del diario La Razón y considerado hombre de confianza en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, fue uno de los detenidos la semana pasada en la operación Lezo sobre la supuesta corrupción en el Canal.

El juez acordó la semana pasada la imputación de los directivos de La Razón a raíz de conversaciones pinchadas con Rodríguez, en prisión incondicional por el caso Lezo, donde le aseguraron que las irregularidades no saldrían a la luz.

Según el juez, estas son en cambio las palabras de "dos amigos que tratan, mediante mentiras piadosas y paliativas", de tranquilizar a Rodríguez sobre su implicación, tal y como este último ratificó cuando dijo al magistrado que lo único que pretendían era "ayudarle emocionalmente".

Maruenda y Casals, indica Velasco, le dieron una versión "más verosímil de lo que parecía más agravado en las intervenciones telefónicas tomadas aisladamente" y además aportaron una serie de documentos para probar que su periódico "no hizo una campaña especial o muy distinta contra el gobierno de la señora Cifuentes de la propia de una línea editorial".

"Son hechos —dice sobre las publicaciones— que no tienen consistencia como para encontrar en ellos una sistematicidad y permanencia en la presión que justifiquen las imputaciones por unos delitos del artículo 172 (coacciones) o 570 bis (integración en organización criminal) del Código Penal".

Y además, la versión que dio el propio Edmundo Rodríguez Sobrino sobre este asunto cuando también declaró ante el juez por su implicación en la operación Lezo fue que "la actuación de Marhuenda y Casals era para ayudarle emocionalmente y no para torcer la actuación de colaboración de la Comunidad de Madrid", lo cual, en opinión del juez, refuerza la idea de que, a falta de otros elementos, "la actuación de Marhuenda y Casals no es delictiva".