La Fiscalía ha interesado la desestimación de la demanda interpuesta por el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, contra el secretario general de Podemos en Cantabria, Julio Revuelta, por intromisión en el derecho al honor. El juicio se ha celebrado este viernes en el Juzgado de Instrucción número 10 de Santander, y ha quedado visto para sentencia.

La fiscal ha argumentado que la libertad de expresión tiene un campo más amplio que la libertad de información y una "posición prevalente" frente al derecho al honor, máxime cuando demandante y demandando tienen relevancia pública como en este caso.

Salvador Blanco ha declarado que las acusaciones de Podemos han "destruido" su "prestigio profesional" después de "36 años de gestión impoluta" al servicio de la administración, y ha asegurado que personalmente "le ha afectado muchísimo". Así lo ha manifestado a preguntas de su abogado, que ha hablado de "auténtico linchamiento". "No es cierto ni veraz que mi cliente incurriera en las corruptelas que se le imputan", ha dicho.

Blanco ha defendido que fue nombrado por el Gobierno (por parte del PSOE) "por su calidad técnica, no política" y ha asegurado que no forma parte de ningún partido político. "Durante 36 años no he acumulado otra cosa que no sea trabajo y prestigio; es lógico que se pueda criticar la gestión, lo que no se debe consentir es asociar la gestión a determinados comportamientos", ha declarado.

Revuelta, sin embargo, ha afirmado que en las declaraciones por las que le ha demandado Blanco, se limitó a "expresar la posición política de su partido", y que "en ningún caso le imputa ningún delito" ni relaciona con él la palabra "robar", sino que habla "siempre en términos de gestión irregular" y desde el punto de vista de las responsabilidades políticas" y el quebranto económico generado a Cantabria.

Su abogada ha considerado que se trata de una demanda "política" y

"cuando menos temeraria" que busca "acallar" la transmisión a la ciudadanía de "auténticas y escandalosas irregularidades" puestas de manifiesto por la Intervención de la Administración regional en el informe sobre la gestión de Sodercan durante el mandato de Blanco entre los años 2008 y 2011.

Entre ellas ha citado la "fragmentación de contratos", "incumplimientos significativos de la legalidad en 39 convenios suscritos por Sodercan" o "prestamos a terceros sin vigilancia".

EXTRACTO DE LAS DECLARACIONES

El máximo responsable de Sodercan demandó a Revuelta por unas declaraciones en el programa La Ventana de la Ser en septiembre de 2016, en las que afirmó que Blanco "ha gestionado irregularmente el dinero público, lo dice la Intervención del Gobierno y lo dicen también los jueces...esta persona no puede manejar dinero público...".

"Lo dijo Echenique cuando estuvo aquí "lo primero que haremos si gobernamos qué es: No robar" y con eso ya vamos a tener muchísimos millones de euros para gastar en políticas para la gente, ¿no?... bueno aplicado a Cantabria lo primero que hay que hacer es gestionar bien, que el gestor que sabes que lo hace mal y que lo ha hecho irregularmente y que además está denunciado y lo saben todos, en Cantabria todo el mundo lo sabe, bueno pues a ese gestor hay que apartarle y hay que poner a otro que lo haga bien", decía el líder de Podemos en la entrevista.

Antes de que se produjeron estas declaraciones, el Parlamento ya había aprobado varias resoluciones pidiendo el cese de Blanco al frente de Sodercan, con los votos de los tres grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Podemos), y el partido de Revuelta insistía en reclamar su dimisión como condición para apoyar los presupuestos regionales de 2017.

Tanto Blanco como su abogado han acusado a Revuelta de "tergiversar la realidad" y "descontextualizar" el informe de la Intervención sobre la gestión de Sodercan, que a su entender recoge "discrepancias en la gestión pero no incumplimientos ni ilícitos, ni de alcance ni penales". Blanco ha recalcado que si fuera así, la Intervención lo habría trasladado a la Fiscalía o al Tribunal de Cuentas.

Por lo que se refiere a las sentencias del caso GFB, a las que también alude Revuelta, Blanco ha defendido que cuando hablan de "despilfarro y malversación" no se refieren a su persona sino a "otros actores", porque en esa época él "no estaba en GFB ni en Sodercan".

Blanco ha recordado que en un momento del proceso estuvo imputado por fraude de subvenciones en grado de tentativa porque "formaba parte del consejo de administración pero no era gestor", pero posteriormente el juez archivó la imputación y la Audiencia lo ratificó. Asimismo, ha destacado que el informe de los administradores concursales de GFB, señala que "cuando yo me incorporé a Sodercan es cuando se pone orden en GFB y cambió totalmente la gestión".

EL ABOGADO DE BLANCO PIDE VISTA A PUERTA CERRADA

El abogado de Salvador Blanco ha intentado que la vista se celebrara a puerta cerrada argumentando que su cliente está sufriendo "un ataque sin precedentes". El juez, Iñigo Landín, ha rechazado la petición tras señalar que las vistas son públicas y sólo con carácter excepcional se puede restringir el acceso a las mismas. Además, ha señalado que es lógico que sea un caso "mediático" por tratarse de dos personas con proyección pública.

El abogado de Blanco ha renunciado a interrogar al líder de Podemos y ha intentado, también sin éxito, añadir a la causa una decena de documentos sobre la concentración en apoyo a Revuelta convocada por Podemos en el complejo judicial de Las Salesas coincidiendo con el juicio.

En respuesta a esta convocatoria, varias docenas de personas han recibido a Revuelta entre aplausos tanto a su llegada a las puertas del juzgado como a la salida de la vista, entre ellos los diputados regionales de Podemos José Ramón Blanco y Verónica Ordóñez.

"LA RESPONSABILIDAD ES DE REVILLA"

Al término del juicio, Revuelta ha manifestado a los medios de comunicación su "total tranquilidad, orgullo, calma y esperanza", máxime después de que la Fiscalía haya solicitado la desestimación de una demanda que, a su entender, supone "un ataque a la democracia".

Ha añadido que Podemos "no va a transigir" y va a mantener "tolerancia cero con la gestión irregular" de los recursos públicos, y ha dicho que el responsable de que Salvador Blanco siga al frente de Sodercan es el presidente del Gobierno, Miguel Angel Revilla, al que ha pedido "que deje de hablar de las irregularidades de los dema*s y pase a poner orden en el Gobierno".