La jueza de Cooperación investiga a Blasco y Tauroni en la pieza de contratos por presunta malversación y prevaricación

  • El juzgado de Instrucción número 21 de València, encargado de instruir la pieza quinta del caso Cooperación relativa a supuestos amaños en contratos informáticos, investiga al exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y al empresario Augusto César Tauroni -ambos encarcelados-, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y apropiación indebida a través de la contratación irregular de servicios en la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía -actual Conselleria de Igualdad- entre 2008 y 2011.
Blasco (izq) y Tauroni (dcha) en imágnes de archivo
Blasco (izq) y Tauroni (dcha) en imágnes de archivo
EUROPA PRESS
Blasco (izq) y Tauroni (dcha) en imágnes de archivo

Así consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que la jueza incluye en esta pieza, junto a Blasco y Tauroni, a la exsecretaria general de la Conselleria, Agustina Sanjuán, y al jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares. También figuran como investigados Javier Murcia, Luis Mira y Juan Bautista.

La investigación se centra en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y consiste en el presunto amaño de contratos informáticos, adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni.

En la misma resolución, la jueza requiere documentación a la actual Conselleria de Igualdad y diferentes ONGs y empresas. El departamento autonómico que dirige Mónica Oltra deberá informar al juzgado sobre la identidad de los trabajadores que llevaron a cabo los proyectos informáticos contratados en seis expedientes durante ese periodo.

La magistrada también requiere a la Conselleria que informe si en el último trimestre de 2011 se tramitó algún expediente de contratación de servicios informáticos por compra centralizada o de patrimonio, en el proyecto 'El portal del inmigrante 2.0'. De ser así, le insta a remitir el expediente.

Por otro lado, a la extinta Fundación Ceimgra y a la firma Indra la jueza pide información sobre los contratos informáticos suscritos con Dinamiz-e, así como que identifique las personas que los gestionaron. A la mercantil Ceteck le insta a informar si prestó servicio para la Conselleria de Solidaridad en 2011.

La titular del juzgado ha citado a las partes que deseen personarse y traslada la resolución al Ministerio Fiscal para que en un plazo de cinco días se pronuncie sobre la complejidad de la causa.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento