En la operación, el Instituto Armado ha recibido el apoyo técnico de la Junta de Castilla y León y del Consejo Regulador de la IGP. A los presuntos autores se les ha investigado por delitos contra la propiedad industrial y la falsificación ya que hasta 11.000 corderos podrían haberse visto afectados por irregularidades, según han señalado desde la Subdelegación del Gobierno.

La operación ha tenido tres fases. Una técnica para obtener pleno conocimiento de cómo funciona la IGP y en la que se ha obtenido la colaboración del Instituto Tecnológico y Agrario de Castilla y León (ItaCyL) y del Consejo Regulador de la IGP; y dos fases operativas, con la detección de irregularidades en la no selección de los corderos y con la investigación de diversos operadores.

En la primera fase operativa se ha detectado un presunto delito de falsificación de documento por parte de dos marcadores o etiquetadores, quienes presuntamente no efectuaban la selección de los corderos y mentían a la IGP en relación a los registros documentales a través de los que se lleva el control y trazabilidad de los corderos seleccionados.

Supuestamente, repartían etiquetas y vitolas a operadores comerciales sin controlar los estándares de calidad de la IGP. Uno de estos seleccionadores ha llegado a disponer de hasta 3.500 vitolas de más, que habría distribuido a su criterio y fuera del control del consejo regulador. En esta fase se han intervenido 482 etiquetas y 712 vitolas a operadores que no debían poseerlas.

En la segunda fase, se han detectado irregularidades en un operador que había mezclado sistemáticamente corderos amparados por la IGP y no amparados por la misma -hasta 7.500 al año-. Tenía a su disposición las etiquetas y vitolas que comercialmente necesitaba y no aquellas que de acuerdo a la trazabilidad de la IGP le correspondían, de manera que siempre dispuso de más etiquetas y vitolas de las que pudo justificar.

Por ello, se le ha tomado declaración en calidad de investigado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial. Entre los destinatarios finales de los corderos se han encontrado establecimientos de restauración de la provincia de Segovia.

Igualmente, se han detectado irregularidades en el registro informático de la IGP a lo largo de los años 2013 y 2014, motivo por el que se procedió a recibir declaración al anterior director técnico de la IGP, como autor de un supuesto delito de falsificación de documento.