Más de 87.000 familias –unas 270.000 personas– ocupan viviendas de manera ilegal en España, según el estudio La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica, elaborado por el Instituto Cerdà. Este trabajo considera que los inmuebles con pisos ocupados pierden entre un 40% y un 60% de su valor. Sólo entre el 10% y el 25% de las ocupaciones son "conflictivas". "El desarrollo de la ocupación ilegal se explica por el incremento de la pobreza, la escasez de un parque de vivienda social y la existencia de un parque vacío de viviendas", además de "una legislación ineficaz y procedimientos administrativos muy lentos", según las conclusiones del estudio.

Entre el 40% y el 60% de las viviendas ocupadas ilegalmente realizan conexiones fraudulentas para conseguir los suministros básicos como la electricidad, y la mayoría de edificios o pisos son "antiguos, inacabados o sin cédula de habitabilidad", porque este tipo de viviendas son más accesibles. Además, las ocupaciones también conllevan costes adicionales para las administraciones y una pérdida de valor de los inmuebles estimada entre un 40% y un 60%.

El Instituto Cerdà ha estimado que la mayoría de ocupaciones son "no conflictivas". Es decir, que no generan problemas de convivencia, y de personas "vulnerables", aunque destaca que también hay un grueso de ocupaciones de viviendas que realizan personas que no están en situación de vulnerabilidad, aunque no aporta datos concretos.

El estudio pone de relieve que las consecuencias de las ocupaciones ilegales son negativas para las familias, puesto que suponen vivir en condiciones de más insalubridad y estrés, pero también para las comunidades de vecinos. Sobre todo, si son ocupaciones "conflictivas", puesto que "incrementa la inseguridad" y "las molestias".

El estudio resalta que las necesidades de vivienda social en Cataluña son de 230.000 unidades, una cifra muy por debajo del parque de alquiler social catalán y español, ya que hoy en día supone cerca de un 2,5% de la vivienda total, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en un 15%.

El informe subraya que los hogares sin ningún tipo de ingresos se han incrementado en un 76% desde 2007, y actualmente en España hay 630.000 familias en esta condición de pobreza severa, una cifra que ha remitido desde 2013, cuando se alcanzaron los 773.000.

Los desahucios también han aumentado, y el estudio estima que se han multiplicado por 2,25 desde 2008. Estas cifras de contexto son, según el Instituto Cerdà, causantes del aumento de las ocupaciones ilegales, y ha recordado en sus conclusiones que, aunque este método fuera de la ley "haya podido ser una vía transitoria para el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social, no es la solución ni para la persona ni para la comunidad".