Han pasado 10 años desde el inicio de la recesión económica, pero la crisis de la vivienda sigue aquí; es decir, siguen aquí los desahucios y las dificultades para acceder a una vivienda, tanto en compra o alquiler. Lo asegura Amnistía Internacional (AI), que acusa a las autoridades de haber dado "pasos hacia atrás" en lugar de proteger a miles de personas afectadas por esta situación, sobre todo mujeres que encabezan hogares monomarentales y víctimas de violencia de género.

El informe La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España, señala que España sólo tiene un 2% de viviendas sociales, frente a un 32% de Países Bajos, un 20% de Austria, un 18% del Reino Unido y un 17% de Francia, y es el país donde el gasto personal en el hogar se ha incrementado más en la UE, al pasar de un 17,4% en 2005 a un 23% en 2015.

Además, subraya que España es uno de los países de la UE que menos gasto público emplea en vivienda (un 0,5%, en comparación con un 1,44% de Francia o un 0,61% de Eslovaquia) y que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 reduce la partida dedicada a acceso a la vivienda y fomento de la edificación a 466 millones, un 20,6% menos en comparación con 2016.

"La crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No sólo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones, se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano y no de un bien de inversión", afirma Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional. En ese sentido recuerda que "esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución".

Para Amnistía Internacional, esta crisis está rodeada de "oscurantismo" porque no hay datos desagredados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron el año pasado y no se distingue entre locales comerciales y viviendas. "Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad", añadió Suárez-Llanos.

La organización indica en su informe que esos "pasos hacia atrás" se refieren a liberalizar y flexibilizar los contratos de alquiler y el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, señala que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no existe una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien uno a uno las circunstancias personales de cada caso, ni tiene en cuenta las desigualdades de género, algo que provoca una mayor discriminación hacia las mujeres porque son quienes constituyen una parte desproporcionadamente alta de quienes realizan trabajos a tiempo parcial, suelen estar en el lado inferior de la brecha salarial y a menudo asumen el cuidado de otras personas en el hogar.

Un ejemplo es el hecho de que el índice medio de exposición a la pobreza en España es de un 22,1%, que asciende hasta un 37,5% en las familias monoparentales, el 83% de las cuales están encabezadas por mujeres. Además, apunta que la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 menciona a las mujeres víctimas de violencia como colectivo prioritario para acceder a viviendas sociales, pero en el caso de Madrid se exige una sentencia condenatoria o una orden de protección, lo que en la práctica supone que la mayoría de las víctimas de malos tratos no consigue el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda.

El informe apunta que las provincias de Barcelona y Madrid acumulan un 34% del total de desahucios en 2016, con 6.710 y 4.760 desalojos por impago de alquiler, respectivamente. Además, señala que la situación es "especialmente preocupante" en Madrid para las personas afectadas por la venta de unas 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital.