El Parlamento venezolano, que controla una contundente mayoría opositora, ha desplegado este martes una serie de argumentos en contra de la formación de una Asamblea Nacional Constituyente como propuso el presidente Nicolás Maduro, idea calificada por la oposición como estrategia para mantenerse en el poder.

La sesión parlamentaria se produjo en un día de pausa en la agenda de protestas antigubernamentales convocadas desde hace un mes por la oposición y que serán retomada este miércoles en Caracas con una marcha hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Los parlamentarios aprobaron un acuerdo sobre la "inconstitucionalidad y nulidad" del decreto de Maduro por el que se convoca una asamblea constituyente que modifique la Constitución.

El diputado Luis Florido señaló que la asamblea constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo si desea que se realice el proceso y el legislador Omar Barboza señaló que el Gobierno procura, con esta convocatoria, evitar la convocatoria electoral y "ganar tiempo" para mantenerse en el poder.

El diputado Alfonso Marquina se preguntó: "¿Quién le dio la potestad a Nicolás Maduro de sustituir al pueblo para ejercer la convocatoria a Constituyente?", mientras que su colega Américo De Grazia apuntó que el presidente busca "retroceder a una época sin votación universal, directa y secreta".

Previamente, el presidente de la Cámara, Julio Borges, dijo que la convocatoria del gobernante para reformar el Estado y su ordenamiento jurídico, nació "muerta" porque fue hecha con la "mala intención de engañar" al pueblo, un plan diseñado para "permanecer en el poder".

En la sesión de este martes también se aprobó un acuerdo de rechazo del procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos durante las protestas antigubernamentales, establecido "en el marco del denominado Plan Zamora" que lanzó el Gobierno y que, según la oposición, viola los derechos humanos.

Con este acuerdo, la Cámara se solidariza con los privados de libertad "injustamente procesados" por estos tribunales militares y con sus familiares, y exige a los jueces de estas instancias ejercer apegados a la Constitución por lo que deben "abstenerse de procesar civiles".

Además, se autoriza a la junta directiva de la Asamblea Nacional pedir a la Fiscalía General que ejerza sus atribuciones para garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales.

También se exige al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que "ejerza sus atribuciones constitucionales de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos".

En ambos acuerdos se indica que se denunciará "la violación de los derechos" políticos y humanos ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

En la sesión del Parlamento también se pronunció la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que aseguró que 73 civiles han sido privados de libertad en el país por decisión de tribunales militares, de los 137 que han sido presentadas ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales.

El director ejecutivo de la ONG, el abogado Alfredo Romero, dijo que en los últimos días, 118 personas del céntrico estado Carabobo fueron presentadas ante tribunales militares que se instalaron en los comandos de la Guardia Nacional (policía militarizada).

También informó de que hoy fueron presentados 19 estudiantes que se manifestaban en el estado occidental de Falcón. "En el caso particular de Carabobo, hemos encontrado que en las audiencias las personas están armadas, por lo menos 11 militares armados con armas automáticas, violando el derecho a la defensa e intimidando a los detenidos. Evidentemente nadie declaró", dijo.

Aseguró que en la mayoría de los casos, el FPV ha encontrado que "no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie" y que "todas estas evidencias las tiene la Fiscalía General" que ha estado presente en cada una de las denuncias.

El FPV, previamente, difundió su informe del número de detenidos durante la ola de protestas desde el 4 de abril hasta el 8 de mayo y apuntó que ha registrado 1.991 detenciones de manifestantes de los cuales 653 personas siguen privadas de libertad.

Al número de detenidos se suma la lista de caídos, que hasta ahora suma 37 fallecidos y cientos de heridos.

Entretanto, simpatizantes del Gobierno marcharon hoy en Caracas en apoyo de la asamblea constituyente y expresaron en un manifiesto su apoyo a esta convocatoria de Maduro.