Era el turno de palabra de Rafael Catalá para explicar las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Lezo, puestas en tela de juicio estas últimas semanas después de que trascendiera que el fiscal jefe del organismo, Manuel Moix, había tratado de impedir las escuchas a algunos investigados, así como uno de los registros en un inmueble de Ignacio González, lo que provocó un revuelo entre los otros dos fiscales que trabajan en la operación y entre todo el gremio.

La posterior maniobra para apartar al compañero que levantó la voz oponiéndose a la decisión de Moix fue, de hecho, un escándalo que no hizo más que cuestionar la labor del organismo y la del Gobierno.

Para el ministro de Justicia, todas esas informaciones son un "juego de confusiones", "bulos" e incluso "falsedades" que solo interesa a quienes desean desprestigiar las instituciones. "Mienten con mala fé, de forma injustificable".

Así lo ha definido en la Comisión de este miércoles, que llegaba horas después de que compareciera en esa misma sala del Congreso de los Diputados, la del Constitucional, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Los dos lo han hecho por las presiones de la oposición política y del Consejo Fiscal que piden sus respectivas dimisiones.

Y ambas comparecencias han girado en torno a un nombre: Manuel Moix. Sobre él, unanimidad y cierre de filas. Maza ha respaldado su actuación, y Catalá le ha tachado de "profesional intachable" con "más de 30 años de carrera" a su espalda.

En opinión del titular de la cartera de Justicia, el Ministerio Fiscal actúa con total independencia y autonomía. "No hay quien levante un teléfono para decirle a un fiscal lo que debe hacer", ha comentado sobre las acusaciones de obstrucción de la justicia y siguiendo la línea del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que también este miércoles ha defendido a Moix: "Es un profesional que actúa con independencia".

"Al final, se han practicado todos los registros, entradas y detenciones que pedían los fiscales y están en prisión las personas que han decidido los fiscales. ¿Cuál ha sido la obstaculización?, ha espetado el ministro. "No se impuso el criterio del fiscal jefe, sino de la mayoría".

Catalá ha mantenido la versión oficial sobre el hecho de que Moix tratara de destituir a uno de los fiscales de la operación Lezo. "Fue el fiscal el que transmitió al fiscal jefe su voluntad de retornar a su destino. Al cabo de unos días se lo pensó mejor. Esto [el presunto cese] tiene  que ver con algún bulo, alguna falsedad que se ha lanzado estos últimos días". Y en este sentido, ha añadido: "Acusar a un fiscal de dificultar la investigación y de impedir que se lleven a cabo actuaciones es de lo más grave que se puede acusar a un fiscal, eso es prevaricación".

El ministro de Justicia ha querido recalcar, para finalizar, que él "no ha interferido ni interferirá en una investigación judicial". Y en esa sala del Constitucional por la que ya han pasado varios cargos para dar explicaciones, ha pedido a la oposición cambiar el ruido... por el diálogo.