El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Iberdrola Generación por un presunto delito cometido supuestamente por directivos y/o empleados que adoptaron decisiones que llevaron a una subida artificial del precio de la luz en el invierno de 2013.

Fuentes jurídicas han confirmado que en el marco de esta investigación este miércoles fue requerida información por la Guardia Civil, que se personó en las sedes de la compañía en Madrid y Bilbao.

La Fiscalía Anticorrupción, en la denuncia que ha presentado ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid, acusa a la eléctrica de haber cometido un delito contra el mercado y los consumidores, recogido en el artículo 281 del Código Penal, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

Según la denuncia, Iberdrola habría ideado un sistema para incrementar el precio de la energía "más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda", lo que elevó el precio por encima del mercado diario.

Con esta práctica, la compañía habría obtenido un "lucro ilícito" de 20 millones de euros, según Anticorrupción.

Iberdrola ha negado "rotundamente" haber realizado "cualquier manipulación fraudulenta" de los precios en el mercado eléctrico a finales de 2013 a través de las ofertas de sus centrales hidroeléctricas y ha recalcado que, en el periodo analizado, actuó siempre "como un gestor prudente y razonable".

Según fuentes de la compañía, Iberdrola Generación España ha prestado "toda su colaboración" al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la solicitud de información relacionada con la actuación de la empresa en el mercado eléctrico entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

La compañía ha recalcado que no interfirió en el proceso de formación de precios en el mercado eléctrico, "no medió en ningún momento engaño o fraude" y "nunca hubo intención de alterar el precio de la electricidad".

Además, Iberdrola señala que en ese momento no tenía la capacidad de incrementar el precio del mercado, al carecer de posición de dominio, y "no tenía ningún interés en que se incrementara".

Según la compañía el grueso de la información solicitada ahora ya está en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que analizó los hechos en su momento e impuso una sanción de 25 millones en noviembre de 2015. Contra esa resolución administrativa se tramita en la actualidad un recurso que Iberdrola Generación presentó ante la sección cuarta de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

A juicio de la compañía, la resolución dictada en su momento por la CNMC es "manifiestamente incoherente" con otras decisiones previas del propio organismo, que ya se había pronunciado sobre las circunstancias atípicas (alta demanda, ola de frío, subida del precio del gas, ausencia de viento y lluvia) registradas en las semanas previas a la celebración, el 19 de diciembre de 2013, de la subasta CESUR, que se utilizaba en aquel momento para determinar las tarifas eléctricas reguladas.

Por su parte,  Facua ha recordado que hace año y medio ya  denunció a Iberdrola por manipular el precio de la luz en el invierno de 2013, iniciativa que no prosperó al archivar el caso la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vizcaya.

Según la organización de consumidores, la manipulación se produjo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investigó los hechos y multó a la multinacional con 25 millones de euros.

La Facua presentó su denuncia a finales de 2015 pero la Fiscalía de la Audiencia de Vizcaya, donde tiene la sede social la compañía, archivó el caso al no considerar que se hubiera cometido delito.

En diciembre de 2015, Facua solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si Iberdrola había cometido un delito contra el mercado y los consumidores.

La denuncia de la asociación fue derivada a la Fiscalía de Vizcaya, que en febrero de 2016 le comunicó que había decidido archivarla, ya que "la disminución en la producción no va acompañada de una retirada del mercado del producto a suministrar, sino del medio o fuente de energía del que se obtiene, lo que no significa detraer, sino sustituir o reemplazar para lograr la alteración del precio, que no constituye la acción típica exigida por el precepto penal".