El consistorio reclama el desmantelamiento y cierre definitivo de las instalaciones asociadas al proyecto que nunca llegó a superar el periodo de pruebas, como la planta terrestre y el gasoducto, y eliminar las servitudes de las fincas afectadas.

Asimismo, solicita una auditoría económica externa que calcule los costes totales del proyecto fallido, desde la indemnización pagada a la concesionaria -que defiende que sea devuelta- a los costes de mantenimiento actuales y gastos futuros.

El Ayuntamiento de Alcanar también reivindica que se depuren responsabilidades por los informes técnicos que motivaron la concesión, por la prueba de carga de gas que provocó terremotos, y por la orden de indemnización a la concesionaria.

Además, quiere que se establezca una línea de ayudas económicas por la imagen turística "del todo negativa" que sufrió Alcanar cuando se produjeron los terremotos.