Las viviendas de uso turístico (VUT) empiezan ya a tener un impacto considerable para el distrito Centro y sus vecinos. En la actualidad, uno de cada diez pisos que se encuentran en esa zona de la capital se alquila a turistas, según un estudio realizado por la consultora Red2Red Consultores para el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, la ratio de alojamientos turísticos en Centro es de 1,23 por cada diez hogares, lo que supone más del 10%. El número total de viviendas de uso turístico está ahora en torno a 8.000 en un distrito con casi 89.500 hogares. Los datos se han obtenido de las plataformas de alquiler, principalmente de Airbnb, referencia del sector, y del banco de datos municipal.

El documento desgrana la situación de los seis barrios que componen el distrito. Llama la atención la alta presencia de pisos turísticos en Sol, con 3,12 por cada diez hogares, muy por delante de Cortes (1,64)—Huertas—, Justicia (1,20)—Tribunal y Chueca—, Palacio (1,09) —incluye La Latina—, Universidad (1,09) —Malasaña— y Embajadores (0,99) —Lavapiés—.

"Esta concentración está alterando el mercado del alquiler", sentencia el concejal-presidente de Centro Jorge García Castaño. El año pasado, los alquileres en el distrito subieron un 15,7%, por encima de la media de la capital (15,6%), situando el coste del metro cuadrado en 17,7 euros, según datos del portal inmobiliario idealista. García Castaño explica que el otro efecto colateral de la proliferación de los pisos turísticos es la pérdida de población. El banco de datos municipal indica que a 1 de mayo de este año en el distrito Centro residían 131.566 personas, un 1,2% menos que en la misma fecha del año anterior (133.203).

Para intentar frenar esta situación, el Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de negociar con Airbnb y otras plataformas de alquiler de viviendas turísticas para establecer un tope máximo de días en los que estas viviendas podrían ponerse en alquiler al año, como ya se hace en Ámsterdam o Nueva Orleans, e implantar una tasa. Sería un acuerdo entre dos partes, ya que la competencia para regular esta actividad es del Gobierno regional de Cristina Cifuentes.

"Vamos a negociar con las plataformas ante la pasividad que está demostrando la Comunidad de Madrid", afirma el edil de Ahora Madrid, que califica de "competencia desleal"  esta actividad respecto a hoteles y apartamentos turísticos, actividades regladas que pagan impuestos.

La intención del Gobierno municipal es que el acuerdo se base en tres puntos fundamentales. El primero es que se garantice que quien suba la vivienda a la plataforma sea la persona que reside en ella, lo que se demostraría con el certificado de empadronamiento.

El segundo aspecto importante es que se fije un máximo días de al año para alquilar, de modo que no pueda ofertarse un piso durante todo el año, dado que entonces debería regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos y tendrían que tributar por los rendimientos obtenidos. El Ayuntamiento es partidario de que ese límite sea de 60 días. Una vez que se superasen los días pactados entre Ayuntamiento y plataformas, la vivienda desaparecería de la oferta de la web hasta el siguiente año.

El tercer punto del acuerdo establecería que una parte del rendimiento económico que obtiene el usuario vaya al Ayuntamiento. Esta medida está en marcha en ciudades como Ámsterdam, donde la tasa es de un euro. El Consistorio también exigirá a las compañías que fijen su sede fiscal en la ciudad para declarar aquí los beneficios, según ha publicado El País.

El informe también afirma que las quejas de los vecinos han aumentado de manera paralela al crecimiento exponencial en el último año de este tipo de viviendas . Las preocupaciones se centran sobre todo en los ruidos y las molestias por la constante población flotante que utiliza estos pisos, así como el mal uso de los espacios comunes. "Desde la percepción de las asociaciones de vecinos puede señalarse que se está deteriorando la convivencia y está empezando a generar conflictos", concluye el documento.