Eloy Velasco avaló que había irregularidades en los contratos de Madrid con Arturo Fernández

  • El juez considera que los informes de la UCO evidencian que determinados empresarios ingresaron en 2007 dinero para sufragar gastos electorales.
  • Entonces Cristina Cifuentes presidía la mesa de contratación como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.
  • El técnico de la Asamblea de Madrid contrató los servicios de la empresa de Arturo Fernández sin conocer la información de la competencia.
El presidente de la CEIM, Arturo Fernandez.
El presidente de la CEIM, Arturo Fernandez.
EFE
El presidente de la CEIM, Arturo Fernandez.

El juez del caso Púnica Eloy Velasco y las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García avalaron en sendos escritos el pasado 6 de marzo que los contratos entre la Asamblea de Madrid y el grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, presentaban irregularidades.

Son documentos que obran en el sumario de la causa, ambos fechados cinco días después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentara un informe en el que pedía que se investigara a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011.

Ella entonces presidía la mesa de contratación de esas licitaciones como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y a su vez participó en los comités de expertos que decidieron la concesión al grupo de Arturo, empresario que previamente había ingresado 160.000 euros en la fundación Fundescam que se utilizaron para financiar ilegalmente al PP.

El juez ha decidido no procesar por ahora a Cifuentes por entender que no hay pruebas de que esté implicada en la financiación ilegal del partido, criterio que comparte la Fiscalía Anticorrupción, según indicaron el martes fuentes jurídicas. Pero, con independencia de que no aprecie responsabilidad en el papel de Cifuentes, en un auto dictado el 6 de marzo, Velasco reseñó la existencia de "sólidos indicios" que acreditarían que empresarios como Arturo Fernández "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".

Contratos "donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas", afirma sin aludir a Cristina Cifuentes, a la que sí señala la UCO en su informe.

El juez asegura en ese auto que los informes policiales ofrecen evidencias de que, a través de la cuenta de Fundescam, determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales. Y detecta "en relación con los referidos hechos" los "sólidos indicios" de que empresarios como Arturo Fernández recibieron adjudicaciones posteriormente.

En cuanto a las fiscales, en otro informe fechado ese mismo día, apuntan, en relación a las adjudicaciones a Arturo, que "siempre" que el empresario "se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009, 2011". "Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe", recalcaron ese escrito las fiscales del caso.

A su juicio, el sistema de recompensa a donantes del PP con contratos públicos era otro de los caminos utilizados para la "financiación irregular de excesos electorales". Días después de que juez y fiscales emitieran esos informes, la UCO tomó declaración a varias personas como investigadas en relación a las adjudicaciones, entre ellas a la jefa de relaciones externas y protocolo de la Asamblea de Madrid, María Merino, quien fue parte, además de Cifuentes, de la comisión de expertos de las licitaciones de 2009 y 2011.

Merino afirmó, según consta en su declaración, que encontró un día en su despacho cuatro cajas cerradas con los pliegos de 2009 y que "se asustó y no sabía qué hacer", pero que nunca valoró las ofertas. Sí participó en una reunión "muy corta" y "meramente expositiva" en el despacho de Cifuentes junto a la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder, quien dio sus razonamientos jurídicos al respecto y "no hubo deliberación". "Nadie expuso nada, no había nada que discutir", añadió sobre la reunión, que se repitió en la adjudicación de 2011.

Preguntada acerca de algunas de las irregularidades detectadas en el proceso, como penalizar a una empresa por presentar mal las certificaciones y no penalizar a Cantoblanco cuando no presentó ninguna, afirmó que ella no realizó ninguna valoración y que fueron Tatiana Recoder en 2009 y Arturo Zubiri en 2011 quienes las hicieron.

... y el técnico firmó sin toda la información

El técnico de la Asamblea de Madrid que realizó el informe a favor de adjudicar la cafetería de esta institución al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, por su parte, dijo a la Guardia Civil que desconocía numerosa documentación de la oferta de la competencia, la sociedad Clece, y alegó que no se lo había pasado el Secretario General de la Asamblea. Durante el interrogatorio, la UCO le mostró el documento completo de la oferta de Clece, un total de 53 fólios.

El autor del informe técnico de 2011 en el que se basó la Asamblea de Madrid para elegir a la empresa que debía prestar el servicio de restauración en el Parlamento regional fue realizado por Isaac Arturo Zubiri García, quien prestó declaración ante la Guardia Civil el pasado mes de febrero.

Este formaba parte del Comité de Expertos para la valoración de las ofertas presentadas junto con la Jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo del Gabinete de la Presidencia, María Merino, y la entonces vicepresidenta primera de la Cámara, Cristina Cifuentes. La puntuación de las ofertas se realizó en base a cuatro criterios: características del servicio, calidad de los alimentos y suministradores, relación de servicios y otras mejoras.

La principal competidora del Grupo Cantoblanco, la empresa Clece, recibió un "0" en dos de ellos: calidad de los alimentos y otras mejoras. Durante el interrogatorio, la Guardia Civil preguntó a Isaac Arturo Zubiri por los criterios de puntuación y por el hecho de que hubiera adjudicado un cero a Clece en dos de los criterios.

El argumento que dio el técnico fue que esta sociedad no había presentado documentación alguna sobre esos aspectos de la oferta. Pero la UCO le mostró la documentación completa de Clece, un total de 53 folios en los que se explicitaba la calidad de los alimentos que servirían en la cafetería y restaurante de la Asamblea, así como la relación de los suministradores de los mismos, junto con una larga lista de mejoras sobre las bases que pedía el pliego de condiciones del Parlamento regional.

El técnico dijo en dos ocasiones que no le constaba que esa documentación que le estaban mostrando fuera la que él examinó en el expediente que le remitió la secretaría general. Al ser preguntado por el motivo por el que se le dieron 25 puntos al Grupo Cantoblanco por la experiencia en el servicio, cuando éste no había presentado "certificaciones" de los trabajos realizados que era un criterio de adjudicación—, Arturo Zubiri alegó que, aunque la empresa de Arturo Fernández no presentó "certificaciones" sí entregó una lista de los trabajos realizados con la administración pública.

Además, dijo que ninguna de las otras dos personas que componían el Comité de Expertos le había advertido de que en la adjudicación que se realizó en 2009 se había valorado la experiencia de las empresas "únicamente teniendo en cuenta la presentación de certificaciones".

"Aquí un punto más o un punto menos"

Según la versión de este técnico, él realizó el informe por actuar como vocal y secretario del Comité de Expertos. Explicó que tras realizar este informe, el citado Comité se reunió en el despacho de la vicepresidenta, Cristina Cifuentes, y que ésta no tenía "ninguna valoración hecha". Expuso que la otra persona que formaba parte del Comité "criticó alguna de las puntuaciones otorgadas por él" y que "se modificaron las puntuaciones a petición expresa de esa persona" pero recalcó que "no varió el ránking, aunque sí variaron las puntuaciones finales".

Arturo Zubiri añadió ante la Guardia Civil que esta persona del Comité "iba con un papel y decía: aquí creo que un punto más o un punto menos" y que "Cristina Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien y que se firmase el acuerdo".

El técnico defendió también su mejor puntuación para el Grupo de Arturo Fernández alegando que también había presentado como mejora una copa de Navidad, recepciones, camiones habilitados para poder desplazar alimentos, un menú picnic y argumentó que "la comida de Arturo se podía llevar a casa" y que "era bueno para los funcionarios".

Entre otro momento de la declaración, Arturo Zubiri admite que el seguro de responsabilidad civil que presentó el Grupo Cantoblanco era menor en cantidad que el de Clece, pero que el ganador del concurso se ofrecía a ampliarlo de manera específica para los riesgos de la Asamblea.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento