El ex alto funcionario del Ayuntamiento de Barcelona Heliodoro L.F., principal acusado en la presunta trama corrupta para la concesión de licencias turísticas, vivió entre 2005 y 2008 de los sobornos que supuestamente cobraba sin emplear los ingresos de su nómina ni de otros rendimientos declarados.

Así lo sostiene la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto en un escrito, dirigido al juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, en el que pide a la magistrada una nueva batería de pruebas antes de enviar a juicio a ocho funcionarios, un intermediario y trece dueños de apartamentos que cree forman parte de la supuesta red corrupta.

En su escrito, el ministerio público detalla los indicios que incriminan en la trama a Heliodoro L.F., que fue director de servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella entre 2000 y 2008 y suspendido de empleo y sueldo a raíz de su imputación en el caso por facilitar presuntamente la concesión irregular de licencias a propietarios de pisos turísticos, a cambio de sobornos.

El tren de vida del ex alto funcionario es uno de los indicios que apunta la fiscal, que destaca que, de lo investigado hasta ahora, se desprende que el imputado "tuvo durante varios años una importante fuente de ingresos no declarada que le permitió asumir todo tipo de gastos diarios sin necesidad de emplear los ingresos propios de su nómina u otros rendimientos declarados".

Según la fiscal, en la causa consta acreditado que Heliodoro L.F. "no cargó gasto alguno a sus cuentas bancarias" durante esos años, con la excepción de aquellos que usualmente se domicilian como vivienda y suministros, ni efectuó apenas reintegros o pagos con sus tarjetas de crédito o débito durante esos tres años.

Esos indicios, añade la fiscal, corroboran lo declarado por el intermediario Joaquín Q., también imputado, "acerca de que efectuó diferentes pagos en mano a Heliodoro L.".

La fiscal concluye que el ex alto funcionario, junto al ingeniero intermediario y la exresponsable de la asesoría jurídica del consistorio Elena A., "actuaban de mutuo acuerdo y de manera organizada para tramitar, a cambio de dinero, las licencias de cambio de uso (u otros expedientes) de manera irregular, consiguiendo al final su concesión aun sin cumplir los requisitos legales".

Para la fiscal, las irregularidades detectadas en los expedientes para la concesión de las licencias turísticas sospechosas "contravienen de forma frontal la normativa aplicable" dado que son "manifiestamente arbitrarios".

Por ese motivo, el ministerio público atribuye a los imputados delitos continuados de cohecho, prevaricación -como inductor en el caso de los intermediarios y de los propietarios de apartamentos- y falsedad documental.

Al intermediario Joaquín Q. y a su compañera Cristina C. la Fiscalía les acusa también de delitos de amenazas condicionales, por las cartas y llamadas que supuestamente hicieron entre 2008 y 2009 a la exconcejal de Barcelona Itziar González y a una arquitecta del distrito barcelonés de Ciutat Vella para intimidarlas.