"Los editores catalanes estamos tranquilos porque cumplimos las normativas vigentes y no tenemos ningún interés en adoctrinar a nadie". Así responde Antoni Garrido, presidente de la Comisión de libros de texto del Gremi d'Editors de Catalunya, a la denuncia del sindicato de profesores AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria), que considera que hay "una falta de rigor" en algunos libros de texto de las editoriales españolas. 

"Cuando la Administración cree que hay algún error nos hace llegar esta cuestión, aunque no es habitual que haya equivocaciones", ha explicado Garrido a 20minutos.

Desde la asociación catalana este representante cuenta que los editores son "neutrales" y se limitan a trasladar a los libros de texto los objetivos curriculares que dictan las administraciones. "El Ministerio de Educación, por un lado, y el Departament d'Ensenyament, por el otro, nos dicen qué temas deben de aprender los alumnos sobre Cataluña y España y en ambos casos los conocimientos son compatibles".

Respecto al informe que ha presentado el sindicato AMES, este representante del Gremi d'Editors de Catalunya considera que en un informe se pueden "descontextualizar" los contenidos y añade que "estas distorsiones se tendrán que valorar".

En este sentido, la asociación catalana analizará con la Asociación Nacional de Editores de libros y material de enseñanza (ANELE) los contenidos de este documento y a partir de aquí mirarán si tienen que emprender alguna acción legal.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una investigación de oficio ante el anuncio del gobierno español de analizar con carácter de urgencia el contenido de los libros de texto que se utilizan en las escuelas catalanas.

Concretamente ha pedido información sobre el "rigor" del informe presentado por el sindicato de profesores AMES, que expone la teoría del presunto intento de adoctrinamiento de los estudiantes catalanes.

En la misma línea, el Síndic quiere conocer los motivos del carácter urgente de la actuación iniciada por la Administración del Estado cuando en ningún momento parece que los actuales textos incumplen los mandatos constitucionales, y quiere aclarar si el gobierno español tiene previsto marcar la línea de los currículums académicos en Cataluña.

Ribó ha reiterado que los contenidos de los libros de texto los tiene que decidir y elaborar la comunidad educativa y apunta que "tienen que mantener el rigor histórico y didáctico sin que esta tarea se vea afectada por disputas de carácter partidista, lo cual supondría una nueva muestra de la regresión de derechos".