En total, según ha informado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, los bienes y derechos afectados por la declaración de ocupación urgente son 61 fincas.

La declaración atiende la demanda de urgencia solicitada por el Consell de Ibiza y tiene en cuenta el informe jurídico del Servicio de Corporaciones Locales de la Dirección General de Función Pública y Administraciones Públicas.

El informe jurídico considera que es "procedente" la declaración de ocupación urgente al quedar acreditada la concurrencia de circunstancias de carácter excepcional que aconsejan recurrir al procedimiento de urgencia y que se fundamentan en la seguridad vial.

Según ha informado el Ejecutivo balear, según dicho documento, la actuación sobre estas vías se justifica por la necesidad de adaptar sus características técnicas a las exigidas para las redes primaria y secundaria; la elevada intensidad de tráfico que da lugar a niveles de servicio reducidos; la alta accidentalidad existente o la necesidad de suprimir las travesías urbanas situadas en la red primaria y en la secundaria con una intensidad media diaria superior a 2.000, tal y como se establece en el Plan Director Sectorial de Carreteras.

Las medidas propuestas en el proyecto dotan este tramo de carretera de más seguridad vial y evitan, en la medida de lo posible, accidentes de tráfico, por lo cual se considera justificado acudir a este procedimiento de declaración de ocupación urgente.