Mariano Rajoy ha designado a Manuel Cobo como responsable de la oficina anticorrupción del PP, bautizada de manera oficial con el nombre de Oficina del Cargo Popular.

Cobo fue la mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón tanto en la Comunidad como en al Ayuntamiento de Madrid y el hombre que denunció la "gestapillo" que miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre -entre ellos, los encarcelados por corrupción Francisco Granados e Ignacio González- habrían montado en el seno del Ejecutivo regional para vigilarle a él y a otros cargos del partido en lo que se conoce como el 'caso de los espías'. "Montaron una 'gestapillo' para espiarme y hacerme depender de ellos", según declaró a El País.

La creación de la oficina anticorrupción fue aprobada en el 18º Congreso celebrado en la capital el pasado mes de febrero. Rajoy se vio empujado a incluirla en los estatutos ante la proliferación de procesos judiciales que afectan a la formación.

Después, aceleró su puesta en marcha a raíz de la operación Lezo, que a acabado, por el momento, con el ex secretario general y ex presidente regional Ignacio González en prisión por el saqueo de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II y por la posible financiación ilegal del PP de Madrid y de la campaña del propio Rajoy en 2008, que entroncan con el caso Púnica.

El nombramiento de Cobo (Ponferrada, 1956) es un golpe para Esperanza Aguirre, que fue forzada a dimitir como portavoz y concejal en el Ayuntamiento de la capital hace un mes y que ha visto como sus dos hombres de confianza, Ignacio González y Francisco Granados, han entrado en prisión. Otros colaboradores directos como Lucía Figar, Salvador Victoria o el ex gerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez, están imputados por distintos delitos.

La lideresa, además, ha perdido todo su poder en le ejecutiva nacional del partido con el relevo en la dirección nacional de sus hombres por los de la actual presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes.

Sin embargo, la actuación de Manuel Cobo también se encuentra bajo examen. La Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid que en 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, pieza clave en la trama latinoamericana de desfalco del Canal de Isabel II y que costó 83 millones de euros, cuando sus vendedores habían pagado solo 8 millones un año antes, según informó El Confidencial.

Cobo tiene que declarar también, pero esta vez en calidad de denunciante, en el procedimiento que el juzgado de Instrucción número 5 de Madrid abrió a finales del mes de marzo contra tres funcionarios y dos guardias civiles adscritos a la Consejería de Presidencia -que dirigió Francisco Granados- por los seguimientos a los que él y el exconsejero de Esperanza Aguirre Alfredo Prada fueron sometidos en 2008.

Uno de los acusados, el agente Francisco Caro Vinagre, también se encuentra imputado en el caso Púnica por el supuesto chivatazo que abría dado a Granados para avisarle de que estaba siendo investigado.